Una de las viviendas de la EMVS que iba a venderse en la carrera de San Francisco
Una de las viviendas de la EMVS que iba a venderse en la carrera de San Francisco - DE SAN BERNARDO

MADRIDPiden la reapertura judicial de la venta de 1.860 pisos de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo

El informe definitivo de la Cámara de Cuentas señala que en las operaciones de venta se prescindió de la aplicación de las instrucciones internas de contratación

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El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Manuela Carmena, el PSOE y la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas Públicas de la EMVS coinciden en tomar medidas legales contra la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) por la venta de pisos sociales a fondos buitres, después de que ayer se publicara el informe definitivo de la Cámara de Cuentas.

Este informe analiza las operaciones de venta de 6.844 inmuebles con protección –de los que 2.956 son viviendas–, cuyo precio total ascendió a 261,88 millones de euros.

Según la Cámara, las ventas se realizaron «sin la existencia de pliegos de condiciones» y «sin establecimiento previo del valor del mercado del bien a enajenar», que se fijó «por acuerdo negociado entre el comprador y el órgano de contratación sin estudios o tasaciones previas que fijaran dichos valores».

Por este motivo, el concejal delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, ha anunciado que emprenderá acciones judiciales contra los administradores de la EMVS. Mato lo ha comunicado al finalizar la sesión de la comisión de investigación de la deuda y las políticas públicas, donde ha declarado la exinterventora municipal, Beatriz Vigo, que se ha ratificado en sus informes y ha asegurado que no recordaba con exactitud los peros que puso a la operación.

Por su parte, la portavoz socialista en la comisión de investigación, Mercedes González, ha anunciado que su formación pedirá la reapertura judicial de la venta de 1.860 pisos de la EMVS ya que, «de una u otra manera» no se cumplió «ni una sola ley». Asimismo, la edil ha declarado que el asunto deberá tener unas consecuencias jurídicas «que el Ayuntamiento tendrá que determinar cuando antes».

Plataforma de afectados

La presidenta de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas Públicas de la EMVS, Arancha Mejías, también ha declarado este viernes en la comisión de investigación que analiza la venta de 1.860 que los okupas son los del «fondo hiena» Fidere, que suben progresivamente los alquileres supuestamente sociales un 43 por ciento y limitados únicamente a tres años, cuando algunas de las promociones tenían derecho a la compra pasados diez ejercicios.

Ella vive en una urbanización en Carabanchel, cuyo contrato vence en octubre. Por el alquiler pagaba 700 euros, cantidad a la que ahora tendrá que ir sumando una subida de un 15 por ciento el primer año, un 10 el segundo y un 12 el tercero. Además tienen que volver a pagar la fianza que ya pagaron a la EMVS cuando comenzaron sus alquileres. «No pedimos caridad», ha remarcado.

«Son condiciones leoninas si quieres quedarte en el que es tu hogar desde hace diez años (como es su caso). O asumes las condiciones o te vas del piso», ha resumido.

La venta a Fidere es un «caramelo para los fondos de inversión» porque ella, tras una década, lleva pagados 70.000 euros mientras que el fondo de inversión se hizo con su casa por 60.000. «Son las más caras de la historia», ha ironizado.

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