Inés Sabanés y Álvaro Fernández Heredia, durante un acto de la EMT
Inés Sabanés y Álvaro Fernández Heredia, durante un acto de la EMT - ABC

La EMT espiará a varios empleados antes de la comisión de Bicimad

El Ayuntamiento saca un contrato por 8.000 euros para investigar cuatro ordenadores y un teléfono móvil

MadridActualizado:

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) busca un ingeniero informático o de telecomunicaciones para investigar cuatro ordenadores y un teléfono móvil de diferentes operarios. Bajo el título de expediente «servicio de auditoría de ciberseguridad», el Ayuntamiento de Madrid ha licitado este contrato, a escasas semanas de que eche a rodar la comisión de investigación sobre la presunta compra irregular de Bicimad, que deberá de estar constituida antes del 15 de febrero. No constan contrataciones similares en la EMT, al menos que aparezcan en su portal de transparencia. El adjudicatario trabajará 20 jornadas de ocho horas, remuneradas cada una de ellas con 400 euros. El pago total ascenderá a 8.000 euros, más del doble de la auditoría que se realizó (3.700 euros) para dar luz verde a los 10,5 millones que Ahora Madrid pagó a Bonopark para hacerse con Bicimad, un examen realizado un año y tres meses después de la compra del servicio.

Según se especifica en el contrato menor, el adjudicatario «deberá realizar cuantas tareas sean necesarias para identificar y/o evidenciar cualquier proceso o código malicioso que se esté ejecutando en los equipos objeto del contrato». Se refiere a dos ordenadores con sistema operativo MacOS (Macintosh Operating System); dos con Windows7, y un móvil con sistema operativo IOS (Iphone Operating System). El especialista tendrá que capturar el tráfico de los mismos: «Identificación y análisis de conexiones con otros equipos; análisis de procesos y volcado de memoria para identificar cualquier proceso malicioso que se esté ejecutando; análisis de registro y eventos del sistema operativo y análisis del malware».

Ilegal si no se firma

Este diario ha puesto el contrato en manos de un informático experto y un técnico especialista en esta disciplina para que traduzcan las labores especificadas. «Parece que están investigando a unos trabajadores. La red de la EMT no tiene tan pocos equipos. Debe de ser por si hay algún tipo de fuga de información. Lo más extraño es que las empresas no buscan una ciberauditoría de algunas personas en concreto, sino de todos los ordenadores de la misma. Parece que quieren pillar a alguien», explica el primero. El segundo, en la misma línea, señala: «Es raro. Huele a que están rastreando las huellas de algún empleado».

El ingeniero apunta a que esta acción puede ser ilegal siempre y cuando los trabajadores no hayan firmado previamente un contrato donde se especifique que la empresa tiene el control de los equipos. Este experto informa de que no es un contrato normal de una auditoría en ciberseguridad, ya que contiene «frases acusadoras» como «evidenciar cualquier proceso» o el hecho de se especifiquen cuatro equipos y un dispositivo. Además, aclara, «tratan de enmascararlo» con el término «ethical hacker», que son técnicas de ataque para encontrar fallos de seguridad en las redes.

Adjudicación rápida

La auditoría encargada, cuenta el ingeniero informático, utilizará programas «snifadores» (de la palabra en inglés «sniffer») para controlar el tráfico de la red a partir del momento en que se instalen. Sobre el hecho de que estos equipos se mantengan vigilados en todo momento, añade, «dependerá de lo que se estipule en el acuerdo».

El contrato de la EMT se va a resolver con premura. Se licitó el pasado martes y hoy termina el plazo para presentar ofertas. Lo que no se aclara es cuándo se pondrá manos a la obra el adjudicatario. Las particularidades se negociarán a puerta cerrada, como el contrato de Bicimad que todavía no se ha podido aclarar desde el Área de Medio Ambiente y Movilidad que dirige Inés Sabanés, ya que la EMT es una sociedad anónima que se acoge al derecho de confidencialidad.

Así lo ha subrayado la delegada en las últimas semanas cuando se le han pedido cuentas sobre los expedientes que no contaban con avales técnicos y que, no obstante, validaron los 10,5 millones de euros. Estos fueron falseados, presuntamente, después de que este diario los hiciera públicos en noviembre. Tras la exclusiva de ABC, el Pleno del Ayuntamiento aprobó en enero pasado llevar a cabo una comisión de investigación, a petición del Partido Popular, para esclarecer los hechos. Esta comisión se constituirá antes del 15 de febrero y tendrá una duración de tres meses.