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Dos empleados de la Complutense se personan en la causa sobre la gestión de cadáveres

Una trabajadora denunció a la UCM por, supuestamente, contraer cáncer y enfermedades respiratorias tras manejar ñps cuerpos tratados con formol

Madrid Actualizado: Guardar
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Dos empleados del depósito de cadáveres de la Universidad Complutense (UCM) se han personado como acusación particular en la causa que investiga la denuncia de otra trabajadora contra la institución por supuestamente contraer cáncer y enfermedades respiratorias tras manejar cuerpos tratados con formol.

En el escrito, fechado el pasado día 27 y al que ha tenido acceso Efe, los trabajadores Jesús Ruiz Santillan y Samuel Arenas Rueda se dirigen al Juzgado de Instrucción Número 37 para pedir su personación en el caso que instruye tras la querella presentada contra la Complutense por la técnico especialista Pilar Mansilla.

La trabajadora asegura que contrajo cáncer y enfermedades respiratorias tras manejar durante años cuerpos tratados con formol, un producto considerado como factor de riesgo cancerígeno que, según la querella, se concentraba en el área donde trabajaba en niveles hasta 25 veces por encima de lo permitido.

De hecho, el informe forense encargado por la juez destaca «las pésimas condiciones higiénico laborales» en las que trabajó durante once años esta empleada y no descarta que el cáncer que sufre pueda deberse a las altas dosis de formol a las que estuvo expuesta. «La paciente ha estado expuesta durante muchos años a dosis de formol muy por encima de las admitidas, y a unas pésimas condiciones laborales desde el punto de vista higiénico sanitario», señala el informe, al que ha tenido acceso Efe.

Y añade que la patología descrita por la paciente «muy probablemente esté en relación con las condiciones higiénico laborales a las que ha estado expuesta la paciente». Ahora bien, la Complutense considera «hechos pasados y superados» las malas condiciones de trabajo y custodia de los cadáveres, y destaca que la universidad tomó en su día las medidas oportunas indicadas por la Inspección de Trabajo -que llegó a clausurar el centro de trabajo- para restablecer unas «condiciones dignas».

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