Representación virtual del proyecto de prolongación de la Castellana
Representación virtual del proyecto de prolongación de la Castellana - ABC

Distrito Castellana Norte pedirá compensaciones al Ayuntamiento si no sale el proyecto

El promotor exigiría una indemnización por los 120 millones de euros desembolsados. Una cláusula anula el plan a finales de este año

Madrid Actualizado: Guardar
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Wanda preveía gastar inicialmente cerca de 800 millones de euros en reconvertir el Edificio España en un hotel de lujo de alrededor de 200 habitaciones y un centro comercial. Pero hay una mayor inversión que planea sobre Madrid y que está a la espera de recibir el visto bueno de Manuela Carmena este año o nunca: la conocida como Operación Chamartín. El Banco BBVA y la constructora San José prevén desembolsar 4.800 millones de euros –más 1.200 millones de las tres administraciones (Estado, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento)– en el proyecto urbanístico. Estas entidades sueñan con regenerar el norte de la capital sobre más de 3 millones de metros cuadrados que en estos momentos representan un descampado, con algunas empresas desperdigadas y núcleos chabolistas.

La supuesta partida de Wanda genera inseguridad jurídica para los inversores.

Contrato privado

En el caso de la Operación Chamartín se juega a contrarreloj, ya que existe una cláusula contractual, que se incluyó en la nueva modificación del contrato privado de compraventa entre Renfe, Adif y Desarrollo Castellana Norte —antes Duch (Desarrollos Urbanísticos de Chamartín)— en el verano de 2014, cuando se renegociaron los términos contractuales, que anula el proyecto en diciembre de este año.

Si antes de que termine 2016 el gobierno de Ahora Madrid no saca adelante el Plan Parcial de Reforma Interior (PPRI) del área prolongación de la Castellana, abandonarán la operación. Esta cláusula temporal pone fin a esta inversión, que trata de ver la luz desde hace 20 años. Desde DCN ya han informado en repetidas ocasiones de que no habrá más prórrogas. En caso de que no salga adelante, exigirán al Consistorio compensaciones económicas por la inversión realizada hasta el momento: 120 millones de euros.

En el proyecto han participado 31 equipos profesionales: 21 nacionales y 10 internacionales, y se han realizado estudios económicos, de costes, ambientales, informes técnicos, inmobiliarios, entre otros gastos que han tenido que asumir. La empresa no ha recibido todavía ningún tipo de respuesta oficial del Ayuntamiento. Las únicas noticias que tienen son a través de los medios de comunicación.

El nuevo equipo de gobierno obligará a rehacer el proyecto. El año pasado inició un proceso participativo con los vecinos de los barrios afectados por esta brecha territorial para adecuar la renovación del norte de la ciudad a las necesidades de los madrileños. Se espera que en el mes de febrero se eleven las conclusiones para replantear el planeamiento urbanístico. Queda por convocar la próxima mesa de debate.

Un modelo «perjudicial»

A la Corporación no le convence el modelo. Como indicó a ABC en una entrevista el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, «como estaba concebido entendemos que va a ser perjudicial a medio y largo plazo». Considera el edil que se endeudaría a la ciudad.

Al Ayuntamiento no le asusta perder la inversión por la cláusula contractual, aunque se aprobó en Pleno resolver los problemas de los vecinos de los barrios afectados. Como dijo Calvo, «si la empresa sigue interesada en desarrollar un proyecto que va a ser importante pase lo que pase, no le queda otra más que asumir las exigencias de las administraciones y en concreto del Ayuntamiento de Madrid».

El concejal es consciente de que el BBVA tiene unos derechos adquiridos a la hora de gestionar este ámbito, «pero nosotros no podemos comprometer el futuro de la ciudad atendiendo a un contrato que tenga el banco con el Ministerio de Fomento». «El problema no es de inversión, sino de acuerdo entre administraciones, el Ayuntamiento con Fomento y la Comunidad, sobre qué modelo de desarrollo queremos para el norte», añadió.

Tal y como está concebido, según el DCN, generaría a las arcas de los tres organismos unos ingresos fiscales de 3.363,6 millones de euros, tanto por IBI como por plusvalías, impuesto de construcciones y obras y otros tributos. En total, la cifra supone algo más del 2% del PIB regional. Lo que menos gusta al Ayuntamiento son las 17.000 viviendas que quieren construir.

Los promotores calculan que se generen alrededor de 121.000 puestos de trabajo, a una media de 6.000 por ejercicio, a lo largo de los 20 años en los que se ejecutaría el plan. Se crearían tres líneas nuevas de Metro y dos nuevas de Cercanías. El peatón sería el protagonista. Los residentes tendrían un sistema de transporte público (un 60% del total) en una cobertura de menos de 350 metros.

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