El decreto del cierre del tráfico en Gran Vía, un catálogo de «deficiencias»

Apenas diez días antes de que se ejecutaran las medidas de restricción al tráfico en Gran Vía del 2 diciembre al pasado 8 de enero, el Ayuntamiento inició el proyecto de este decreto. Esta «prueba» que quiso realizar el Consistorio en Navidad con la idea a implantar de forma permanente la gran Área de Prioridad Residencial (APR)en todo el distrito Centro en 2018 fue, según fuentes municipales, acogida con «gran éxito». Sin embargo, para el PP la «precipitación» en la elaboración de esta resolución explica las «deficiencias» que tiene este decreto, que para los populares no es más que una decisión «unilateral, improvisada y chapucera», «sin estudios previos ni consulta a los afectados» y con la que «nadie ha salido ganando».

«No parece razonable que para una medida de tanta trascendencia como la del cierre de Gran Vía se pueda elaborar en diez días un estudio medianamente serio de cómo hacerlo y de las consecuencias», critica la concejal del PP en el Ayuntamiento, Inmaculada Sanz, que considera imprescindible que en un expediente como este se adjuntara un informe económico y técnico riguroso. «En los 86 folios no se incluye una relación de los costes que suponen los refuerzos de la EMT que hicieron falta para dar salida a toda la gente que no podía ir al centro de otra manera, ni las horas extra de los agentes de movilidad y los policías municipales», censura.

A su juicio, esta previsión hubiera evitado tener que modificar la propia medida para habilitar un carril más por sentido ante el colapso, así como los tres reveses judiciales, que obligaron a abrir el paso a Uber, Cabify y Car2go, junto a los vehículos de mensajería y los autobuses turísticos. «Aunque en un principio lo negaron y luego lo tuvieron que reconocer, es evidente que los autobuses de la EMT estaban retrasando mucho sus tiempos de paso por Gran Vía. Estaban colapsados, iban en fila de a uno y tuvieron que abrir algún carril más», subraya Sanz.

Una crítica a la que se sumó el Gobierno regional que juzgó duramente que el Ayuntamiento no les informara de los cortes que iban a llevar a cabo. Tildaron de «deslealtad» el hecho de que no les hubieran comunicado esta medida, para poder «coordinar» y planificar «algún refuerzo de líneas de Metro», y así poder absorber la demanda de usuarios.

Antecedentes

No obstante, desde el área de Medio Ambiente y Movilidad afirman que «no hay memoria económica porque no hace falta». «La planificación especial de Movilidad es un operativo que se hace todos los años. En este caso, con cortes programados de forma que todo el mundo estuviera informado. Y no como en años anteriores, que se cortaba cuando la Policía Municipal decidía, en función de aglomeraciones y con vehículos atrapados», justifican desde la concejalía de Sabanés.

En el expediente se añade un dossier de prensa con esas actuaciones anteriores, antecedentes como el de la época del gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, en 2003 y 2004. Sin embargo, según subraya la edil del PP, aquella medida se llevó a cabo en días puntuales, que eran festivos, y con un horario concreto, «que no tiene nada que ver con cortar la Gran Vía un mes, como se ha hecho ahora». «Y, lo más importante, esos cortes se hicieron con el consenso de las propias asociaciones de comerciantes, que han sido las más perjudicadas de todo esto», recalca Sanz.

La Asociación de Comerciantes de Preciados, Carmen, Arenal y adyacentes (Apreca), que engloba a 70 negocios, denunció en su momento que el cierre de la Gran Vía les había reportado unas pérdidas netas del 15%. Y pidió al Ayuntamiento un «estudio serio», que tuviera en cuenta a «todos los colectivos afectados», sobre las consecuencias que tuvieron estas restricciones. Según Apreca, las ventas cayeron en diciembre en el 80% de los comercios, que incluyen desde pymes a grandes cadenas como El Corte Inglés y la FNAC. Los porcentajes varían según el tipo de negocio: un 8% en las grandes superficies, un 11% en restaurantes, un 20% en tiendas pequeñas, hasta un 55% en los aparcamientos.

Pese a los datos, la portavoz del gobierno municipal, Rita Maestre, aseguró que hay un «consenso generalizado» sobre la necesidad de reducir la movilidad en la Gran Vía, un plan que va a «seguir adelante» pese a las críticas de los comerciantes, cuyas pérdidas llegó a cuestionar.