Madrid

Daniel Ortiz niega que amañara un contrato para la trama Púnica

El exdiputado regional del PP defiende la legalidad de una adjudicación cuando era alcalde de Móstoles

Daniel Ortiz, imputado en la Púnica, esta mañana en la Audiencia Nacional
Daniel Ortiz, imputado en la Púnica, esta mañana en la Audiencia Nacional - JAIME GARCÍA

El primer diputado del Partido Popular de Cristina Cifuentes caído por acusaciones de corrupción, Daniel Ortiz, ha defendido en la Audiencia Nacional que no amañó ningún contrato para la trama Púnica cuando fue alcalde de Móstoles. Ortiz ha asegurado al juez que la millonaria adjudicación a la empresa Cofely, cuestionada por los investigadores, fue legal y estuvo supervisada por un tribunal encargado de las cuentas, según informaron fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio.

Ortiz, quien ha aportado documentación para sostener su versión, ha alegado que el concurso para otorgar el contrato a la empresa energética, valorado en 73 millones de euros, se ajustó a la legalidad. El juez que investiga a la trama Púnica, una red de corrupción local y regional, sospecha que el exdiputado influyó desde su cargo de alcalde para beneficiar a Cofely a cambio de mordidas por 746.000 euros.

Según las mismas fuentes, el exdiputado de la Asamblea de Madrid ha negado la recepción de estas mordidas y ha restado validez al testimonio del testigo David Sánchez, el supuesto funcionario al que Ortiz presionó para amañar el contrato, según el juez Eloy Velasco.

Aun así, el magistrado le imputó por numerosos delitos: fraude contra la administración pública, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos y cohecho, después de que Ortiz perdiera su aforamiento al dimitir como diputado y de todos sus cargos en el PP madrileño.

Los indicios acumulados por el magistrado, recopilados en un escrito de 74 páginas, señalaron que Ortiz intervino en todas las fases de la adjudicación del contrato, a pesar de no tener competencia para ello, a través de dos intermediarios: los hermanos Mario y Alejandro Utrilla, exdiputado regional de Madrid y exconcejal de Móstoles.

El juez cifró que las irregularidades se hicieron a cambio de mordidas de entre 500.000 euros, 240.000 euros y 6.000 euros, «como reconocimiento a su ayuda para obtener el contrato», un dinero que se cargó al presupuesto de ejecución del contrato a través de una factura al Ayuntamiento de Móstoles por conceptos simulados.

Toda la actualidad en portada
publicidad

comentarios