Madrid

Cifuentes tramita una Ley de Documentos públicos que multará los casos de extravío

Se empieza a tramitar tras perderse contratos de la Púnica, aunque el Gobierno regional niega la relación con este hecho

Cristina Cifuentes, presidenta regional
Cristina Cifuentes, presidenta regional - EFE

El Gobierno regional de Cristina Cifuentes ha iniciado la tramitación de una nueva Ley de Archivos y Documentos de la región, cuyo primer borrador acaba de ser publicado en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid para iniciar un periodo de consulta pública de 15 días. La ley limitará la externalización de la guardia y custodia de documentos públicos, y aplicará sanciones para los casos en que éstos se extravíen «por falta de diligencia en la vigilancia», explicó el consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido.

El borrador se conoce apenas un mes después de saberse que se habían perdido varios documentos del «caso Púnica», tal y como reconocieron las autoridades regionales al juez que les reclamaba los papeles, una serie de contratos de la empresa pública Nuevo Arpegio. No obstante, desde el Gobierno regional negaron que la nueva norma que ahora comienza a tramitarse tenga alguna relación con estos hechos.

En su explicación, alegaron que la actual norma sobre el tema data de hace 25 años, y no contempla, por ejemplo, lo relativo a documentos electrónicos, ni a los de la consejería de Justicia, dado que antes esas competencias no eran de la Comunidad de Madrid. Además, tampoco se ha realizado el desarrollo reglamentario de la ley de 1993. «O se hacía el reglamento o se hacía una nueva ley, y se ha optado por esta segunda fórmula», explicaron fuentes del Gobierno regional.

Histórico y administrativo

En la nueva Ley de Archivos y Documentos no se recogerán sólo preceptos relativos a los archivos históricos, sino también lo relacionado con los administrativos, que hasta ahora no eran contemplados. Al ser una ley regional, obligará también a los ayuntamientos a seguir determinados criterios a la hora de custodiar y almacenar sus documentos públicos.

Parte de esa labor de guardia y custodia está externalizada «en alguna consejería»
Además, se especifica que la norma limitará la externalización de este servicio, restringiendo esta a «situaciones de urgencia» y siempre «con autorización previa de la consejería competente en materia de archivos». El consejero Garrido, preguntado sobre el asunto, señaló sin precisar que parte de esa labor de guardia y custodia está externalizada «en alguna consejería». Matizó que la norma establecerá claramente el modelo para la custodia de documentos «que es obligatorio mantener» y también fijará «sanciones» para los casos en que se produzcan extravíos por «falta de diligencia en la vigilancia de esos archivos». Los técnicos que inspeccionen en esta materia tendrán el carácter de agentes de la autoridad.

La ley también será de aplicación en el caso de archivos privados, ya que se regulará la protección del Patrimonio Documental. Aquellas entidades que lo soliciten podrán integrarse en la Red de Archivos de Uso Público de la Comunidad de Madrid.

Papeles del Canal

Precisamente la documentación pública solicitada por Ciudadanos respecto a las actividades del Canal de Isabel II fue objeto de un nuevo choque entre esta formación y el Gobierno regional. El portavoz adjunto del partido naranja en la Asamblea madrileña, César Zafra, aseguró que si Cifuentes no le proporciona a su partido la información solicitada sobre la gestión del Canal de Isabel II, «no descarto acudir a los tribunales», aunque le ha dado un plazo hasta septiembre para que le facilite los papeles.

El PP cree que Ciudadanos le critica por una actitud de «postureo veraniego»
Esta documentación -actas de la empresa pública- fue solicitada hace tres meses, pero según explicó el consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido, no se le ha facilitado porque «un informe de la Abogacía General impedían la entrega de esa documentación por estar inmersa en el secreto de sumario». Aseguró que se ha solicitado al juez autorización para entregarlo, y acusó a Ciudadanos de «saber todo esto» pero mantener sus críticas por una actitud de «postureo veraniego».

Pero Zafra no coincide con esta tesis: «El Gobierno sabe que hay varios informes de los letrados de esta Cámara y de jurisprudencia del Tribunal Supremo que dicen que tenemos derecho a esa información. Cifuentes se está escudando una vez más para no investigar todo lo que ocurre en el Canal Isabel II». Acusó a la presidenta de «proteger a sus compañeros que ahora mismo están en la cárcel».

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