Vídeo: Los informes de BiciMAD / El portavoz del PP en el Ayuntamiento, José Luis Martínez-Almeida, con la querella en la mano - DE SAN BERNARDO / Vídeo: ABC

Caso Bicimad: el PP se querella contra Sabanés y el gerente de la EMT por malversación y prevaricación

Denuncian que «habrían actuado de manera negligente y de forma abusiva al no haber cotejado la información económica» a la hora de comprar el servicio de bicicletas eléctricas

MADRIDActualizado:

El Grupo Municipal Popular ha registrado este lunes en los juzgados de plaza de Castilla una querella criminal contra la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, y el gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Álvaro Fernández Heredia, por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos durante la gestión de la compra de Bicimad. «Pese a los indicios de irregularidades, el gobierno de Manuela Carmena no ha querido dar explicaciones a los madrileños, pero ahora tendrá que darlas ante el juez», ha lanzado el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

En la querella recién presentada en los juzgados de instrucción, el PP señala que el servicio de Bicimad se compró «a un precio muy superior al real», ya que, según ha recordado el edil popular, en octubre de 2015, Bonopark anunció al Ayuntamiento que estaba al borde de la quiebra, con pérdidas mensuales de 300.000 euros. Con este argumento, la firma navarra solicitó al Consistorio el reequilibrio económico por 3,4 millones de euros. Ahora Madrid lo evitó pactando en privado asumir el negocio. Por ello, el PP considera que «se produjo un gasto inoportuno, inapropiado y excesivo que produce un grave daño al patrimonio público».

Como destapó ABC, en el proceso de compra del sistema público de alquiler de bicicletas no se realizó ningún estudio económico que justificase un precio de compra tres veces mayor que el precio requerido por la propia Bonopark. Los populares también critican que no se informó de este procedimiento en el consejo de administración de la EMT. Asimismo, tal y como informó este diario, en la querella se incluye el posible falseamiento de un informe que aparece firmado por el director financiero de la Empresa Municipal de Transportes, un cargo que no existía hasta seis meses después de la fecha en la que supuestamente fue realizado.

Por todo ello, los populares sostienen que los querellados habrían actuado «de manera negligente y de forma abusiva por no haber cotejado y avalado la información económica» de Bonopark. De esta manera, habrían presuntamente incurrido en un delito de malversación, tipificado en el artículo 432 del Código Penal, que contempla penas de dos a seis años de prisión o inhabilitación para un cargo público entre seis y diez años.

Sobre la presunta prevaricación, el PP argumenta que Sabanés y Heredia adoptaron «decisiones arbitrarias e injustas que podrían ser constitutivas de este delito». Para este supuesto, el artículo 404 del Código Penal impone una pena de inhabilitación para cargo público de entre nueve y quince años.

«Hasta en dos ocasiones el autoproclamado gobierno de la transparencia evitó, con el apoyo del PSOE, que el caso Bicimad pudiera ser tratado en una comisión de investigación», ha lamentado Martínez-Almeida, que ha anunciado que volverá a pedir a la alcaldesa de Madrid que alclare este asunto en el Pleno del Ayuntamiento y que se vote en sesión plenaria la creación de la comisión solicitada en noviembre.