Manuela Carmena y Nacho Murgui, durante un pleno en Cibeles
Manuela Carmena y Nacho Murgui, durante un pleno en Cibeles - MAYA BALANYÁ

Carmena permitirá por ley dar competencias de gobierno a colectivos elegidos a dedo

La norma incluye la cesión de locales, subvenciones y otras ventajas. PP y Cs presentan una enmienda a la totalidad por ser «aberrante»

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La orden de Íñigo Errejón fue clara hace un año: «Hace falta una estructura económica autónoma que vaya a permitir acoger a una buena parte de los cuadros militantes que hoy se están dedicando a los trabajos institucionales». El secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos aleccionó a los suyos en una reunión donde participaron miembros de Madrid 129, uno de los grupos que forma parte de Ahora Madrid –donde se integran Celia Mayer, Javier Barbero y Guillermo Zapata–: el objetivo de los ayuntamientos del cambio es revalidar «para dejar sembrado instituciones populares que resistan y donde refugiarse cuando gobierne el adversario». La fórmula, como recoge el vídeo que todavía hoy puede verse en la red, pasa por «dejar enraizadas y sembradas organizaciones y prácticas que incluso cuando las elecciones las vuelvan a ganar nuestros adversarios tengan que respetarlas».

Así llegará este mes al Pleno municipal la nueva ordenanza de Cooperación Público-Social que pretende aprobar con el apoyo de los socialistas. PP y Ciudadanos han presentado una enmienda a la totalidad del texto por la «aberración» que supone para el ordenamiento jurídico: delegar competencias propias del Ayuntamiento en colectivos ciudadanos. Estos dos partidos «sospechan» que esta norma será «un coladero legítimo» para beneficiar a «su red clientelar».

Solo con tres personas

Poco a poco, el delegado de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, Nacho Murgui, ha ido preparando el terreno para llegar hasta la nueva ordenanza. Tras la implantación de los foros locales y modificar el reglamento de participación ciudadana, el pasado mes de abril la Junta de Gobierno dio luz verde a esta normativa local que quiere entregar competencias municipales a colectivos y ciudadanos, como dice el propio texto, «convirtiéndolos en sujetos activos de la gobernanza municipal».

Para ello, los beneficiarios deberán refugiarse bajo el paraguas de «sin ánimo de lucro» y bastará con que sean un mínimo de tres personas las que se hayan inscrito en el censo municipal de entidades y colectivos ciudadanos para optar a todas las ventajas, que no son pocas. Por ejemplo, el Ayuntamiento podrá conceder a estas entidades subvenciones para que contribuyan a la «obtención de fines de utilidad pública o interés social», además de otorgarles beneficios fiscales, acordar exenciones, reducciones, bonificaciones o deducciones que autorice la normativa. También les podrá ceder el uso temporal de espacios municipales para el desarrollo de sus actividades.

Para todas las áreas

El ámbito de actuación para la cooperación público-social que contempla la ordenanza abarca a casi todas las áreas de gobierno: urbanismo, por ejemplo, para la conservación, rehabilitación y regeneración de espacios; medio ambiente, refiriéndose a mejorar la calidad de vida urbana o la gestión de residuos para el compostaje, o la gestión de huertos urbanos; protección de la salud pública; promoción del deporte; promoción de la cultura; participación ciudadana; promoción de los derechos humanos; la promoción de la ciencia; la prevención de situaciones de riesgo social, y se permiten la licencia de crear conceptos como el de promover la «justicia histórica».

El procedimiento de selección de las propuestas se realizará mediante concurrencia pública, pero «cuando la normativa sectorial lo permita», el Ayuntamiento podrá seleccionarlas directamente.

Partido Popular y Ciudadanos pretenden sepultar esta ordenanza y en el Pleno de este mes votarán en contra de la misma. Ambas formaciones han registrado una enmienda a la totalidad. El portavoz popular de Participación Ciudadana y Cooperación Social, Percival Manglano, considera que es un proceso «con serias dudas de legalidad». «Institucionaliza las redes clientelares de Ahora Madrid con el fin de expandirlas, legitimarlas y ampararlas. Promueve un modelo que condicionará la capacidad ejecutiva de futuros gobiernos y sigue el dictado de Íñigo Errejón», interpreta el edil.

Su homóloga en Ciudadanos, Silvia Saavedra, subraya que se trata de la culminación de un proceso de normas «dirigidas a beneficiar a sus colectivos y grupos afines, a aquellos que no quieren cumplir ninguna formalidad ni los requisitos que marcan los mecanismos y garantías legales como la ley de asociaciones, la ley de patrimonio de las administraciones públicas o la de contratos, entre otras. Ellos dicen que van a cumplir funciones públicas, pero eso lo tiene que cumplir el Ayuntamiento».

El PSOE es el que tiene la última palabra para que salga adelante la ordenanza. Ha presentado 14 enmiendas al texto, algunas para garantizar mayor pluralidad y control para adoptar decisiones. «Siempre hemos defendido la necesidad de la colaboración de las ONG, fundaciones y entidades con el Ayuntamiento. Es positivo que una ordenanza lo regule para no estar al antojo de cada gobierno de turno», destacó Ramón Silva Buenadicha.