Carmena ajustó por un euro el contrato de la Memoria Histórica para adjudicarlo a dedo

El Ayuntamiento paga 17.999 euros a la hija de la exmujer de Fidel Castro para no sacar el estudio a concurso

Madrid Actualizado: Guardar
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El Ayuntamiento de Madrid ha utilizado una treta legal, pero más que cuestionable y típica de la «vieja política», para que el contrato de la Cátedra de la Memoria Histórica no fuera sacado a concurso; es decir, para adjudicarlo a dedo. La beneficiaria es Mirta Núñez Díaz-Balart, la hija de la primera esposa del dictador cubano Fidel Castro. La alcaldesa, Manuela Carmena (Ahora Madrid), ha echado mano de la figura del contrato menor de servicios: se trata de aquellos que no llegan a los 18.000 euros y que, por tanto, no tienen que ser publicitados ni salir a concurso, de modo que no haya varios concurrentes que opten a él. De esta manera, el Ayuntamiento puede otorgarlo de manera arbitraria a quien lo desee.

O lo que es lo mismo, a alguien de su cuerda ideológica.

Es la artimaña, curiosamente, que utilizó en muchas ocasiones la trama corrupta Gürtel, por ejemplo. En este caso, los consistorios investigados troceaban contratos por debajo del límite (en aquella época, establecido en 12.000 euros) para entregarlos a sus «amigos», según la amplísima investigación sobre la trama corrupta.

En el caso de los contratos menores para asuntos urbanísticos, el umbral está en los 50.000 euros; en el de los de servicios, como este de la Cátedra de la Memoria Histórica, en 18.000. ¿Qué ha hecho Ahora Madrid? Pues un contrato menor por valor de 17.999 euros, tan solo 1 euro por debajo del límite. A ello hay que sumarle el IVA, del 21% (3.779,79 euros), pero que no computa en la normativa de contratación. En total, 21.778,79 euros.

Errores de bulto

Esta adjudicación «ad hoc» choca de lleno con los aires de «nueva política» que tanto pregonan los de Carmena. Es más, ayer, la portavoz del Gobierno local, Rita Maestre, respondía así sobre las críticas del concejal del PP Pedro Corral a los manifiestos errores en el listado de calles franquistas enarbolado por el Consistorio: «Son una opinión de parte. Es un debate historiográfico. Lo dice un señor, un compañero concejal, que tiene una posición determinada sobre la historia de España y sobre lo que el Ayuntamiento tiene que hacer sobre la ley de memoria histórica, que por ahora ha sido no aplicarla durante los años en los que ha gobernado [el PP]». Sorprende, por tanto, que hable Maestre de «posición de parte y determinada», cuando su propio Ejecutivo local ha maniobrado para encargar el estudio sobre el nomenclátor franquista a un grupo de estudiosos a su medida.

Sobre quién decidirá finalmente qué nombres de vías madrileñas se eliminan y por cuáles se sustituyen, Maestre se remitió a lo dicho el día anterior por la concejal de Cultura, Celia Mayer: la tramitación de un Plan Integral de la Memoria de Madrid que estará listo en tres meses. Esta edil fue la misma que defendió que la Cátedra contratada «garantiza la claridad democrática, al ser una entidad externa compuesta por antropólogos, arquitectos y juristas, entre otros profesionales». Una formación académica que se presupone para los miembros de un «comité de sabios» encargado de elaborar ese informe.

La polémica se inició a raíz de que distintas juntas de distrito comenzaran a aprobar la sustitución de parte del nomenclátor franquista de la capital. En el último pleno municipal de 2015, celebrado el 22 de diciembre, Ahora Madrid aprobó por su cuenta la elaboración de ese Plan Integral, donde se incluyen 30 calles.

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