Burla municipal en La Dragona: Carmena dice que no quiere okupas, pero se niega a denunciarlos
Los usurpadores de La Almudena se hacen fuertes tras ignorar el aviso consistorial de abandonar el inmueble
Al grito de «¡La Dragona será okupada o no será!», un centenar de encapuchados se atrincheraron a primera hora de ayer en el edificio de titularidad municipal que tienen usurpado desde 2008 en uno de los accesos al cementerio de La Almudena. Su firme propósito de impedir la orden de desalojo emitida por el Ayuntamiento no les resultó difícil de lograr. Acompañados de un coche de la Policía Municipal, los técnicos de Patrimonio de la Concejalía de Economía y Hacienda se presentaron en las inmediaciones y no pudieron ni siquiera acercarse a la puerta.
La impunidad con la que actúan tanto estos radicales de La Elipa, entre los que predominan los de corte anarquistas (frente a los antifascistas de otros barrios), viene dada por el doble discurso del Consistorio . La alcaldesa, Manuela Carmena, ha declarado públicamente: «No podemos tener un Madrid tercermundista de okupas»; sin embargo, se ha negado a denunciar ante la Policía y los jueces las usurpaciones en dos edificios municipales tan relevantes como este de La Dragona y el de La Ingobernable, situado en un esquinazo del paseo del Prado y tomado desde finales de mayo.
Los funcionarios municipales que ayer se las tuvieron que ver con los antisistema apenas pudieron acercarse a uno de ellos para exigirles que se fueran del inmueble. Se negaron tajantemente: «¡La historia se escribe con desobediencia!» . Fuentes del área que dirige Carlos Sánchez Mato explicaron a ABC que el aviso de hace semanas hacía referencia a un desalojo voluntario . Aunque, como adelantó este periódico, el Consistorio realmente amenazaba con llamar a la Policía en caso de no cumplirse, cosa que finalmente no hizo ayer.
Es más, los funcionarios ni siquiera pudieron entregarles la nueva notificación, hecho que reflejaron en un acta. Sánchez Mato, que siempre se ha mostrado favorable a la «okupación», quiere llevar el asunto «por el procedimiento administrativo» . «La prioridad absoluta es garantizar la seguridad», añaden en Economía y Hacienda; pero no aclaran si, en el caso de que el edificio lograra pasar la Inspección Técnica de Edificios, los actuales moradores dejarían o no de tener carta blanca para continuar con su actividad ilegal. «Ahora, hay que hacer un informe interno con la relación de toda la documentación del proceso y del inmueble. Se trasladará a la Secretaría General Técnica y, luego, se valorará si se lleva a la Junta de Gobierno. Probablemente, haya que recurrir a la vía judicial», reconoce una portavoz consistorial. Se abre, por lo tanto, un proceso de, al menos, seis meses, dentro de este juego de equilibrios que mantienen las autoridades municipales: contentar por un lado a un colectivo afín y fingir, por otro, una actitud negativa hacia la usurpación de cara a la opinión pública en general.
Tras el intento frustrado de desalojo, los okupas, que sitiaron previamente la entrada con vallas de una obra cercana, prendieron bengalas y arremetieron contra los periodistas allí presentes. «¡Marchaos a grabar a otro sitio, asquerosos!», «¡Perros!» o «¡Buscaos un trabajo de verdad, comemierdas!», fueron solo algunos de los improperios lanzados. También leyeron un manifiesto, en el que agradecieron la presión «popular» de todos los grupúsculos cercanos. «No cedemos ante chantajes ni presiones y seguiremos firmes en nuestro compromiso de no colaborar con las instituciones», advirtieron, sin dejar de señalar en ningún momento al que hasta hace meses consideraban un aliado del movimiento okupa . Para muestra, un botón: «Ahora Madrid, somos vuestra peor pesadilla», rezaba una de las pancartas colgadas en el exterior de La Dragona.
El caso del Museo Ambasz
La pasividad de Ahora Madrid quedó más que patente a finales de mayo, con la usurpación del enorme edificio municipal de la calle del Gobernador, 39, esquina con el paseo del Prado. Se trata de una cesión a la Fundación Ambasz. Sin embargo, el Gobierno local tenía todas las herramientas a su favor para echar de allí a los okupas, provenientes del antiguo Patio Maravillas, del que formaban parte varios concejales de Carmena . Quizá por ello, ningún responsable municipal se presentó en el juzgado de guardia, donde le hubiesen dado permiso para el desalojo inmediato (dentro de las primeras 24 horas después del delito), a manos de la Policía Municipal o de la Nacional, que ofreció sus agentes «antidisturbios», aunque la alcaldesa los rechazó.
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