El Ayuntamiento de Madrid incluirá una cláusula específica contra el fraude fiscal en sus contratos

El Ayuntamiento de Madrid incluirá una cláusula específica contra el fraude fiscal en sus contratos de servicios y compra de suministros, tanto del propio Ayuntamiento como de Organismos Autónomos y empresas del sector público municipal. El delegado del área de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, ha anunciado hoy, martes, que las empresas que opten a contratos públicos deberán presentar una declaración de que no han realizado operaciones financieras consideradas ilegales en cuentas bancarias domicialiadas en paraísos fiscales.

Este anuncio coincide con la entrega en el Salón de Plenos de Cibeles por parte del responsable de Fiscalidad y Sector Privado de la Oxfam Intermon, Miguel Alba, de la propuesta a la que ya se han unido ciudades como Barcelona, Zaragoza y Sevilla.

La iniciativa de la organización pretende que las instituciones públicas incorporen en sus políticas de contratación criterios que incentiven un comportamiento fiscal «ejemplar» por parte de las empresas licitadoras. Sánchez mato considera que «hay que buscar la forma» de que esta medida tenga «carácter normativo», algo para lo que espera y necesita tener el apoyo de PP, PSOE y Ciudadanos.

No obstante, el delegado ha reconocido que tiene conocimiento de que el Ayuntamiento, ya con el actual equipo de Gobierno, contrató con empresas que tiene sociedades radicadas en paraísos fiscales. Para luchar contra ello, ha pedido el apoyo de instituciones y ha llamado al Gobierno central a que sea «beligerante» en este objetivo.

El concejal ha hecho hincapié en que el gobierno municipal ha cambiado la forma de contratar: en septiembre de 2015, modificó el decreto sobre la contención del gasto en el ámbito de la contratación del Ayuntamiento para que ésta se guiara más por la calidad que por el precio más bajo, y tuviera más en cuenta la necesidad de no incidir negativamente sobre las condiciones en que se desarrolla la prestación laboral o sobre el propio empleo.

El pasado enero incorporó las cláusulas sociales en sus contratos de servicios y compra de suministros. La firma de esta disposición apostaba por una contratación pública de calidad, regida por principios de igualdad, sostenibilidad y responsabilidad social. Y hace tan solo un mes, el Consistorio aprobaba una instrucción para reservar, al menos, un 0,5% de las adjudicaciones de contratos públicos a los centros especiales de empleo y las empresas de inserción laboral.