Carmena aprueba el tercer Plan Económico Financiero con la abstención de PP, PSOE y Cs

La oposición acusa al concejal Sánchez Mato de «mala gestión» por «esperar al último día del plazo» para enviar un PEF sin garantías de que Hacienda lo acepte

El delegado Carlos Sánchez Mato, en un momento del Pleno del Ayuntamiento de Madrid ABC
Marta R. Domingo

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Un día antes de que se termine el plazo marcado por el Ministerio de Hacienda, el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el tercer Plan Económico Financiero (PEF) de lo que va de mandato. El departamento de Cristóbal Montoro exigió al gobierno de Manuela Carmena que reformulara su programa para reconducir las cuentas del Consistorio de la capital con el objetivo de que cumplieran con la regla de gasto, tal y como exige la Ley de Estabilidad Presupuestaria, tras incumplirla en 233 millones en 2016. El plan del gobierno de Carmena propone inmovilizar 127 millones de euros y vender suelo público por valor de entre 100 y 159,9 millones. Este último aspecto has sido por el que Ahora Madrid no ha contado esta vez con su habitual aliado, el PSOE , que se ha sumado al resto de la oposición, PP y Ciudadanos , y se han abstenido en bloque. Los tres grupos municipales han cargado contra el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato , ya que le consideran el responsable de la «mala gestión» que se ha hecho al formular los prespuestos municipales, que han llevado al Ayuntamiento a situarse «al margen de la legalidad».

«Nos abstenemos por respeto a la ley, hay que mantener el orden y jugar en cauces legales incluso cuando la ley es injusta», ha justificado la edil socialista, Érika Rodríguez, que ha sido crítica con la venta de suelo público que también contempla el documento. Además, ha censurado que el plan se debata en el último día del plazo y sin negociación con los grupos, ya que se conoce desde abril la necesidad de elaborar un nuevo PEF . «¿De verdad había que esperar hasta el último día? Aquí estamos vendiendo suelo público y se recorta en gasto social. Es doloroso. Y es producto una mala gestión», ha sostenido.

El PP pide la dimisión de Sánchez Mato

Para el edil del PP, Íñigo Henríquez de Luna , Sánchez Mato es «el bombero pirómano», que «ha incendiado el pleno del Ayuntamiento de Madrid al querer aprobar el PEF el último día del plazo» y por ello ha pedido su dimisión. «Este plan C no es el plan de Sánchez Mato, sino el de Carmena, que le ha despojado de la autoridad contra su voluntad. Usted está en su carrera política para ver si su partido IU le hace diputado en el Congreso», ha lanzado el concejal popular. «El plan C sustituye el plan B, que en tiempo récord, seis días, Hacienda lo tumbó. Ha tenido que recortar 238 millones que ha intentado paliar con acuerdos de no disponibilidad y ahora se le suman 127 millones de euros adicionales. La ley, aunque no nos guste, hay que cumplirla», ha añadido.

Cs, por su parte, duda de que el PEF vaya a obtener el visto bueno de Hacienda y también ha pedido sánchez Mato que se retire de la pugna política. El portavoz en materia económica del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Miguel Ángel Redondo, ha censurado que el incumplimiento de la regla de gasto fue «premeditada» por parte de la Concejalía de Economía y Hacienda. «Las compras se podrían haber realizado cuatro días más tarde y no se habría incumplido... y eso ha sido su afán por buscar un encontronazo con Hacienda», le ha espetado.

El concejal Sánchez Mato ha defendido que Madrid cumple los deberes de estabilidad presupuestaria. Y ha incidido en que el nuevo PEF recoge un superávit para 2017 y 2018 cercano a los 1.000 millones de euros y una importante reducción de la deuda hasta situarla a final del mandato municipal en 1.834 millones, un 67% inferior a la existente al principio del mismo.

Durante este ejercicio Madrid ha inmovilizado de sus cuentas anuales 238 millones de euros por requerimiento de Hacienda. Sánchez Mato trató de paliar esta situación sufragando las partidas a través de las Inversiones Financieramente Sostenibles, que provienen del remanente de tesorería del año anterior. Lo hizo mediante modificaciones de crédito que el Gobierno central también ha impugnado.

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