La Autoridad Fiscal señala a Carmena por superar el límite de gasto en 400 millones

Las cuentas del Ayuntamiento de Madrid no cuadran para la Autoridad Fiscal (Airef). El organismo que vigila la sostenibilidad de las finanzas de las administraciones ha dado un toque de atención al consistorio regido por Manuela Carmena y alerta que el gasto previsto en sus presupuestos rebasa con mucho el umbral máximo fijado por la Ley de Estabilidad.

Así lo detalla en el Informe sobre el cumplimiento de las administraciones públicas de déficit, deuda y gasto para este año. Tras estudiar los presupuestos municipales, el órgano de control concluye que el gasto previsto del Ayuntamiento supera en 367 millones lo permitido: frente a los algo más de 3.200 millones de límite, el desembolso municipal computable se dispara a unos 3.600 millones.

El Ministerio de Hacienda controla el rumbo en las cuentas de comunidades y ayuntamientos prestando atención a tres indicadores: el déficit público, la deuda y la regla de gasto, que limita el desembolso de las administraciones para que solo aumente a un tope ligado al crecimiento de la economía. Este umbral fija un incremento máximo del gasto para este año del 1,8%, pero los presupuestos del Ayuntamiento contemplan que se eleve un 16%, según los parámetros de la Airef. Si el consistorio no corrige sus cuentas, Madrid será la ciudad española que coseche un mayor incumplimiento del límite de gasto entre los 16 municipios más poblados de toda España, advierte el organismo de control.

El exceso de gasto hace que las previsiones de superávit público del Ayuntamiento tampoco convenzan a la Autoridad Fiscal, lo que genera otra advertencia. La Airef calcula que si el municipio cuadrarara sus cuentas debería obtener un superávit público de unos 1.400 millones –similar a los 1.387 millones que obtuvo el año pasado–. Sin embargo, el Consistorio prevé cosechar 856 millones este año, un 40% menos. Pese a ello, al no obtener déficit, Madrid cumpliría con el criterio de saldo presupuestario de Hacienda, si bien cerraría las cuentas al margen de las recomendaciones de la Autoridad Fiscal.

No obstante, el incumplimiento de los límites de gasto–que ya se produjo el año pasado pero muy ligeramente– puede tener serias consecuencias. Al igual que en sus presupuestos, en su proyecto de Plan Económico y Financiero, donde se detallan los ajustes a realizar, el Ayuntamiento realiza una interpretación de la regla de gasto que parece no casar con la de Hacienda, ya que computa como gasto de 2015 partidas que el Ministerio no contempla para fijar el límite. El departamento dirigido por Cristóbal Montoro debe validar este Plan Financiero y, de lo contrario, puede haber efectos adversos para la ciudad. Si el Ayuntamiento hiciese caso omiso a los consejos del ministerio, este podría llegar a retener sus fondos como medida coercitiva que recoge la Ley de Estabilidad. Una consecuencia improbable, dado que el año pasado incumplieron la regla de gasto tanto el Estado como las autonomías y las corporaciones locales en su conjunto, aunque estas últimas por poco.

La regla de gasto ha servido de corsé presupuestario para los ayuntamientos que han cosechado superávit estos años y han destinado este colchón a reducir su deuda, que en el caso de Madrid es la mayor de todos los municipios de España y ha experimentado la mayor reducción desde 2012. Dada la importancia de la capital, una alteración en los planes del Ayuntamiento puede afectar al dato de superávit conjunto de las corporaciones locales.

Aplazamiento del plan

Este exceso está directamente relacionado con el Plan Económico y Financiero, presentado hace una semana semana por el edil de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, y por el cual pretende elevar el techo de gasto. Aunque la intención del Ayuntamiento era que fuese aprobado en el Pleno de la próxima semana, sus cálculos se han volteado repentinamente por el rechazo de la oposición.

El Consistorio anunció ayer que la votación del plan económico para los años 2016 y 2017, prevista para la sesión del próximo miércoles (27 de julio), se pospone hasta septiembre. Este aplazamiento se produce después del dictamen negativo de la comisión de Economía, en el que el PP y C’s votaron en contra y el PSOE, clave para que saliera, anticipó una abstención. La portavoz municipal, Rita Maestre, justificó este cambio en la época del año, «casi de vacaciones», y en la situación gubernamental, «con un gobierno en funciones con capacidad limitada».

El plan, presentado por Sánchez Mato, establece un incremento del gasto que, asegura el concejal, pretende evitar incumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Rechazado por el Ministerio de Hacienda, la portavoz dijo en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que «en principio la valoración era positiva» y que en la estrategia financiera del Consistorio se habían atendido las objeciones del ministerio; «recogidas y superadas», como en la amortización de la deuda.

Maestre aseguró que «no cejarán en el empeño» para que su plan sea consensuado con los grupos municipales, algo que en los últimos días se antojaba muy complicado. El PSOE, cuyo voto era decisivo para aprobarlo, dio la espalda al Gobierno municipal y le invitó a abrir «un periodo de debate». Sánchez Mato, que aseguró que de no aprobarse habría un recorte de 430 millones de euros –similar al desvío detectado por la Airef–, se mostró intransigente con esta premisa y adelantó que «no se sentaría en una negociación» con estas condiciones. Ante la falta de acuerdos, la portavoz señaló que «lo dejamos para septiembre para poder aprobarlo con calma».

El PP ataca al PSOE

El PP reaccionó al aplazamiento con un ataque al PSOE. El portavoz adjunto del grupo popular, Íñigo Henríquez de Luna, señaló que el cambio remite a una «maniobra del PSOE para ganar tiempo y no mojarse». Henríquez de Luna hizo especial hincapié en que la situación esconde una incomodidad para los socialistas, porque «abre una brecha con el Gobierno de Carmena» y «podría interferir en las negociaciones de investudura del Congreso.

«Nos parece muy grave que prefiera irse de vacaciones a cumplir con sus obligaciones y frenar un despropósito, que supone incluir la regla de gasto en casi 600 millones y desafiar la Ley de Estabilidad Presupuestaria», añadió.