La Asamblea aprueba, en contra del PP, modificar la Ley de Tutela de Adultos

Con 78 votos a favor y 47 en contra (los del PP), la Asamblea de Madrid ha aprobado la toma en consideración de una proposición de ley para reformar la normativa relacionada con la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos. El grupo de Ciudadanos ha sido el promotor de la iniciativa, que persigue básicamente que se produzcan auditorías externas e las cuentas de cada uno de los tutelados en la Comunidad, que actualmente rondan los 4.500.

El Gobierno regional planteó una discrepancia con esta propuesta de ley, y pidió que no se tramitara porque supone un incremento presupuestario. No obstante, la Mesa de la Asamblea lo ha denegado.

En su defensa, el diputado de Ciudadanos Alberto Reyero ha recordado que la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos lleva 21 años funcionando, lo que hace necesario modificar algunos aspectos de la misma para mejorarla.

Por ejemplo, ha expuesto, «la queremos pública y con dotación adecuada». Piden mayor transparencia en su actuación, de manera que esté obligada legalmente a publicar memorias anuales.

También cree que debe estructurarse de manera diferente, pero sobre todo pide que se incluya en la ley uan auditoría externa de las cuentas de los tutelados, 4.500 en la región. Este, reconoció Ciudadanos, es el punto que más resistencias encuentra en el PP, por su elevado coste y porque genera desconfianza hacia los responsables de la institución.

La propuesta de Ciudadanos ha sido apoyada por PSOE y Podemos, que aunque con matices hacia la iniciativa concreta de la formación naranja, sí están a favor de introducir mejoras en la ley actual. La diputada socialista Josefa Navarro está de acuerdo con la realización de memoria de actividades anual.

En cuanto a la auditoría de bienes de los tutelados, el PSOE entiende que el control deberían realizarlo gestores públicos, pero especifican que habría que delimitar en qué casos hacer esas auditorías, porque este grupo piensa que habrían de ceñirse a unos determinados niveles de ingresos, o siempre a requerimiento de un juez o un fiscal.

Desde el grupo popular, se ha criticado a Ciudadanos que cada una de las proposiciones que plantean lleva aparejado un incremento de gasto. Ha argumentado, para rechazar la posibilidad de las auditorías externas, que la Agencia cuenta con un software creado expresamente para ellos que se ocupa de estos temas, además de señalar que son los jueces y los fiscales los que se ocupan del control de las cuentas. Desde el PP, que ha visto no obstante cómo la proposición salía adelante a pesar de su oposición a ella, sí se ha pedido a Ciudadanos que no siembren «dudas sobre los trabajadores» de la Agencia.