Arranca el jucicio del Madrid ArenaLa defensa de las familias cree que «no hay duda» de que se escondieron entradas delante de Flores

38 meses y 11 días después de la tragedia. Ese es el agónico tiempo que ha transcurrido desde la trágica fiesta de Halloween del Madrid Arena que acabó con la vida de Cristina Arce, Belén Langdon, Katia Esteban, María Teresa Alonso y Rocío Oña en noviembre de 2012. Tres años después, la «Sala 0» de la Audiencia Provincial de Madrid acogerá este martes la primera de unas vistas que se repetirán cada semana –todos los martes, miércoles y jueves– hasta el día 4 de febrero para el interrogatorio de los acusados y las cuestiones previas. A partir del 9 de febrero está previsto que comience la prueba testifical, a la que acudirán más de un centenar de testigos entre familiares de las víctimas

, testigos presenciales de los hechos, familiares y efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Un macrojuicio, cuya duración se prevé superior a los 6 meses, que sentará en el banquillo de los acusados a 15 personas. Entre ellos al empresario Miguel Ángel Flores, máximo responsable de Diviertt, la organizadora de una fiesta que terminó en tragedia justo cuando se disponía a actuar el plato fuerte de la noche: el músico y DJ Steve Aoki. Uno hecho que, ayer mismo, el Ministerio Fiscal reiteraba que no fueron un «accidente». «Fue un hecho lamentable que se pudo evitar», ha afirmado Polo en referencia a las cinco víctimas mortales.

Se espera que el caso –43 tomos y 14.800 folios– quede «visto para sentencia» la última semana del mes de mayo. En el juicio se han personado siete acusaciones particulares y dos populares (Grupo Socialista del Ayuntamiento de Madrid y el sindicato Manos Limpias). Un proceso «muy complejo» para el qu se han destinado dos fiscales «con dedicación exclusiva para tener la mayor de las garantías».

Así lo explicaron ayer el fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Jesús Caballero Klink, y el fiscal provincial, José Javier Polo, en una rueda de prensa en la que expresaron su «compromiso inequívoco con las víctimas». «La edad de las víctimas y las circunstancias de los hechos hacen que este compromiso se acentúe», expresó Caballero.

El Ministerio Público sostiene que la falta de intervención, la pasividad y la omisión desde la previsión del espectáculo hasta su celebración fue necesaria para el «resultado de los hechos». En este sentido, señala el sobreaforo y la falta de organización como ejes de la tragedia. Sobre la pena solicitada para Flores, cuatro años por cinco delitos de homicidio imprudente y seis de inhabilitación para participar en este tipo de eventos –además de dieciséis de lesiones por imprudencia grave–, el Ministerio Fiscal reitera que es «la máxima legal». «Solicitar una pena mayor sería solicitar una pena ilegal», dijeron ayer los fiscales Caballero y Polo. Las familias la tachan de «ridícula».

Límites en el Código Penal

«La posición del Ministerio Fiscal está inspirada en el principio de legalidad y parcialidad, aunque esta posición de garante de la legalidad lo es incluso en contra de nuestra posición personal», apostilló el fiscal superior de Madrid. «Son las penas máximas que prevé el Código Penal», explicaron. «Es la que corresponde por la modalidad de concurso en que se presentan estos tipos delictivos», expresaron.

Ambos han destacado que este imputado tenía «un claro ánimo de enriquecerse». El recinto tenía una capacidad de 10.620 personas mientras que para la fiesta se llegaron a vender en torno a 23.000 entradas. «La ausencia de control de seguridad, el exceso de aforo, la ausencia de cámaras de vigilancia y que 3 de los 8 vomitorios del pabellón estuvieran cerrados son concausas de un mismo resultado», ha explicado Fiscalía.

Junto al promotor del evento, se sentarán en el banquillo responsables de seguridad de Madridec, la empresa municipal que explotaba el pabellón, así como representantes de Seguriber y Kontrol 34, responsables, respectivamente, de la seguridad exterior e interior del evento. Para ellos, Fiscalía solicita una pena de 3 años de cárcel por cinco delitos de homicidio por imprudencia grave y dieciséis de lesiones por lo mismo.

A los médicos Simón y Carlos Viñals, padre e hijo y responsables del equipo sanitario contratado para la fiesta, solicitan dos años y seis meses por tres delitos de homicidio por imprudencia grave profesional «porque no llevaron a cabo todos los medios necesarios».

El ex jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo, comparecerá a petición exclusiva de la acusación particular. «No hay prueba que determine que la conducta de la Policía Municipal aquella noche contribuyera al trágico resultado», sostiene el Ministerio Fiscal.

No habrá declaraciones hasta febrero

En principio, los testigos no comenzarán a declarar hasta el día 9 de febrero. Como en todo juicio de naturaleza penal, tras la declaración de los acusados, se realizarán las pruebas testificales (declaración de los testigos: familiares de las víctimas, asistentes a la macrofiesta y policías, entre otros); posteriormente, se conocerán las pruebas documentales (más vídeos y otros soportes documentales) y las pruebas periciales (informes médicos, forenses, documentación administrativa…) y, por último, las partes personadas (Fiscalía y abogados) expondrán al Tribunal sus conclusiones definitivas. La vista oral del juicio se cerrará con la denominada «última palabra» de los quince acusados. Si la desean tomar cada uno de ellos, ya que éste es un acto jurídicamente voluntario. Tras ello, el juicio quedará «visto para sentencia».