El alcalde de Brunete, Borja Gutiérrez (en el centro), a su llegada a la Audiencia Nacional para prestar declaración
El alcalde de Brunete, Borja Gutiérrez (en el centro), a su llegada a la Audiencia Nacional para prestar declaración - ÓSCAR DEL POZO

El alcalde de Brunete no dimite pero dejará la Presidencia del PP local

Cifuentes aplicará el Código Ético a Gutiérrez, que declaró este lunes como imputado por la trama Púnica

MadridActualizado:

El alcalde de Brunete, Borja Gutiérrez, dejará la presidencia del PP local en cumplimiento del Código Ético del partido, pero aún no ha detallado si hará lo propio como regidor tras ser investigado (imputado) en la trama Púnica. Gutiérrez, que declaró este lunes ante el juez por un presunto delito contra la administración pública, insistió en que no ha firmado ningún contrato con Cofely, que tampoco ha participado en mesas de contratación y que nunca ha recibido prestaciones por adjudicaciones o contrataciones públicas.

Tres días después de la imputación, tras un fin de semana de silencio, la presidenta del PP regional, Cristina Cifuentes aseguró que hará cumplir lo dictado en el código. «Siempre se ha aplicado y se aplicará», dijo en declaraciones recogidas por Efe. Cifuentes avanzó que el Comité de Derechos y Garantías se reunirá esta semana y será entonces cuando Gutiérrez deje de presidir el PP de Brunete.

El anuncio de la máxima dirigente del partido significa que el regidor imputado debe dejar el cargo local, pero no así el de alcalde. El reglamento establece la obligación de renuncia a todos los «miembros de la Comisión del Partido Popular de Madrid, Presidentes y Secretarios Generales, Locales y de Distrito, en la Comunidad de Madrid» cuando estén investigados por corrupción, pero no hace ninguna referencia al acta de concejal. Desde el PP de Brunete, no obstante, explicaron a ABC que el tema de la dimisión «aún no se ha tratado». Gutiérrez, apuntan, estaba «concentrado» en su declaración en la Audiencia Nacional.

Anticorrupción acusa a Gutiérrez de intentar amañar, supuestamente, un contrato con la empresa Cofely –principal implicada en la Púnica– a cambio de una encuesta electoral, valorada en 8.000 euros. Según fuentes jurídicas presentes en la declaración, el alcalde de Brunete atendió sosegado y con calma a las preguntas del juez, de la Fiscalía y de su abogado.

«Fui ingenuo»

El momento más comprometido de su declaración fue cuando la Fiscalía le preguntó por qué le remitieron a su correo personal los detalles técnicos de la oferta. Gutiérrez defendió que, «por funcionalidad», centraliza todo en su dirección, en lugar de utilizar la corporativa del Ayuntamiento. Así, el alcalde de Brunete reconoció que fue «ingenuo», pero «no le vio maldad».

Borja Gutiérrez, que pedirá el sobreseimiento de la causa, aseguró ante el juez que «jamás ha existido» contrato alguno entre el Consistorio y Cofely y el estudio sobre eficiencia energética por el que se le ha citado es «un simple documento interno de trabajo» que pidió el grupo municipal del PSOE. «Era la oposición la que decidía mayoritariamente tanto en las comisiones informativas, como en los plenos o las mesas de contratación; como alcalde no tenía presencia en ninguna mesa de contratación», señaló ante el juez.

Así, Gutiérrez negó que fuera él quien encargó la encuesta, cuyo origen remite, supuestamente, a la necesidad de hace de hacer un contrato de eficiencia energética. En ese sentido, Gutiérrez aseguró que desconoce cómo la edil de obras se hizo con la propuesta de las prescripciones técnicas.

Dudas de la secretaria

Respecto a su relación con Pedro García, de Cofely, Borja Gutiérrez aseguró que no tiene más relación que la «profesional». Según detalló, García le planteó ponerle en contacto con dos empleados públicos, que ahora funcionan como «coachs electorales», para su reelección en las elecciones de 2015, pero esta hipotética conexión nunca llegó a llevarse a cabo.

La secretaria del Ayuntamiento de Brunete que también fue citada a declarar señaló que todo lo relacionado con aquel contrato le pareció «sospechoso, muy raro», si bien no lo denunció porque saldría en cuestión de días. Sus dudas se fundamentaban en que un municipio que maneja un presupuesto de 10 millones de euros al año licite un contrato de 8 millones y así lo hizo constar en su informe.