Ahora Madrid apuesta por hacer pública la gestión de Calle 30

El Ayuntamiento se basa en un informe del Tribunal de Cuentas que cuestiona el modelo mixto

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Para el gobierno de Manuela Carmena «no tiene sentido» mantener la empresa mixta para la gestión de Calle 30, un modelo mercantil que ha costado desde su creación en 2004, según ha avanzado el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, 563 millones de euros. Para avalar su postura se han basado en un informe preliminar del Tribunal de Cuentas que está en periodo de alegaciones.

La Cadena Ser ha avanzado las líneas generales del anteproyecto de informe de fiscalización: pone en cuestión la fórmula de gestión indirecta y propone revisarla para ajustar el coste de oportunidad y minimizar los gastos.

Tanto la regidora de la capital en un desayuno como el concejal en la comisión de Economía han mostrado públicamente este lunes su deseo de seguir las instrucciones del Tribunal y, además, tomar las riendas de la empresa, participada en un 80% por el Ayuntamiento de Madrid y el resto por Emesa (Empresa de Mantenimiento y Explotación S.A), formada por Ferrovial, Dragados y API Conservación.

No a amortizar

«La empresa mixta no tenía sentido desde el punto de vista de la contratación pública y el coste para madrileños y madrileñas. Nos hemos esposado a esa contratación hasta que ese modelo mercantil ha costado 563 millones de euros», ha señalado el edil de Economía en la comisión del ramo.

Sánchez Mato ha informado de que plantearán próximamente un modelo que sirva para «taponar la sangría del erario público». «Hasta 2040 costará 65 millones de euros de media al año al menos que se haga algo», ha destacado.

El Tribunal de Cuentas recomienda amortizar la deuda pendiente, 111 millones de euros, pero el responsable de los dineros de Madrid ha echado números y anticiparlo supondría una penalización de 60 millones de euros.

Sánchez Mato ha considerado al término de la sesión que las cuentas de Calle 30 deberían formar parte de la comisión de investigación. No ha hablado de ilegalidades, «pero sí se eludió la ley de contratación pública». «Estamos trabajando en un modelo mercantil que ofrezca la mejor de las condiciones posibles», ha zanjado.

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