Acuerdo político para realojar al sector 6 de Cañada Real en un máximo de dos años
Se trasladarán a viviendas públicas en toda la región a 150 familias de la zona, en un plazo no superior a dos años
El desmantelamiento del sector 6 de la Cañada Real está un paso más cerca: el que ayer dieron el Gobierno regional y el de la Comunidad de Madrid sellando un acuerdo político para realojar a 150 familias asentadas en casi la mitad de este sector 6, el más conflictivo de todos. Está previsto un presupuesto de 18 millones de euros -al 50 por ciento por cada una de las administraciones- para el conjunto de este sector.
El concejal Ignacio Murgui y el consejero Ángel Garrido coincidieron en su diagnóstico: se ha avanzado en el proceso de desmantelamiento. Ahora falta que se realice un informe jurídico antes de la firma definitiva del convenio, lo que puede ocurrir al inicio del año próximo.
Se abrirá un periodo de unos dos años para finalizar este desmantelamiento y realojo posterior , que se realizará en viviendas públicas repartidas por toda la región madrileña.
Murgui ha hecho «un balance positivo» del encuentro en el que ha constatado que hay «un acuerdo político» sobre los primeros pasos para el realojo del sector 6 de la Cañada Real Galiana y un compromiso para solucionar una de las situaciones «de mayor vulnerabilidad» en este ámbito.
Gracias al acuerdo político, las dos Administraciones asumirán, en virtud de sus competencias, el 50 por ciento del coste del realojo de estas 150 familias, que viven en una de zonas más degradadas de la Cañada Real Galiana.
El delegado de Coordinación Territorial y Asociaciones y segundo teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Madrid ha explicado que el Consistorio y la Comunidad han trabajado para hacer algunos «ajustes» técnicos y, ahora, «lo único que queda es el informe jurídico que consolide el acuerdo político».
Por su parte, el consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno regional ha precisado que en el encuentro de este lunes se han cerrado todas las cuestiones que quedaban pendientes , a falta de un informe jurídico que determine, dentro del espíritu de compartir los gastos del realojo, qué tiene que hacer cada una de las Administraciones dentro de sus competencias.
«Lo importante es que tenemos la voluntad de colaborar y compartir los gastos al 50 por ciento. La fórmula será la que el servicio jurídico marque», ha subrayado Garrido.
Las personas realojadas por esta vía serán en torno a las 500, según datos de las administraciones.
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