300 días en funciones

Dos elecciones generales y cuatro sesiones de investidura después... España sigue en funciones. Con un Gobierno sin capacidad legislativa, pero no limitado. Primero, porque puede prolongarse así ilimitadamente. Segundo, porque puede actuar en situaciones de urgencia o interés general más allá de los trámites ordinarios. O urgentes. Así, ha aprobado más de medio centenar de decretos, con cuestiones como ampliar en 60 años la papelera ENCE en la ría de Vigo o subir el impuesto de sociedades, aunque no ha hecho otras, como actualizar pensiones o salarios públicos. Y sin querer someterse al control parlamentario. Tampoco puede nombrar cargos, ni siquiera de ministros. No ha sustituido a Ana Pastor, Alfonso Alonso o José Manuel Soria, que dimitió por los papeles de Panamá pero al que sí propuso de candidato después para el Banco Mundial. Por no tener competencias o por falta de voluntad política, al Gobierno se le acumulan problemas de distinta índole: 40 tratados internacionales sin ratificar, 36 directivas europeas sin transponer o 65 emajadores pendientes de relevo, por ejemplo, Gustavo de Arístegui, que dimitió por investigación judicial. La licitación de obra pública también ha caído en torno al 30%. Aún así, la economía española resiste. Pero habrá más ajustes, más recortes, 5500 millones de euros en un futuro próximo, porque el déficit público manda y está desbocado. Este fin de semana, ha enviado a Bruselas el proyecto de presupuestos, prorrogados, sin poder incluir nuevas medidas que nos aleja de las imposiciones europeas.