Xunta y sindicatos firman el plan para consolidar casi 15.000 plazas

CCOO, UGT y CSI-F apoyan el documento que compromete bajar al 7% la temporalidad

El conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, en una imagen de archivo EFE

R. LIZCANO

El pasado 4 de octubre, durante el Debate de Política Xeral, el presidente de la Xunta anunciaba una oferta de empleo público «casi sin precedentes» . Ayer, la Consellería de Facenda firmaba con CCOO, UGT y CSI-F el documento que la planifica. Las tres organizaciones sindicales ponían su rúbrica en el plan de estabilidad 2017-2020 elaborado por el departamento que encabeza Valeriano Martínez , en el que se compromete la convocatoria de 14.750 puestos de empleo público como vía para rearmar las plantillas públicas tras años de constricciones y límites revisados al alza para la reposición de efectivos. CIG, a su vez, se desmarcó de la firma, por considerar el texto falto de «garantías de cumplimiento» e insuficiente para «recuperar el empleo público destruido».

El acuerdo, apuntó la Consellería de Facenda en un comunicado, persigue el objetivo de acortar la tasa de temporalidad en el empleo público autonómico al entorno del 7% en el horizonte 2020, una meta, puntualizó, extensible a toda la función pública dependiente de la Xunta, incluyendo la sanidad, la enseñanza y la administración de justicia. La Administración autonómica aprobará ofertas de empleo ordinarias y de estabilización, de forma que « se pueda reducir a lo largo de los próximos tres años en un máximo de un 90% las plazas ocupadas de forma temporal ».

CCOO-Galicia consideró que el documento representa un «claro avance» en la «apuesta por la estabilidad en el empleo y puede suponer el inicio de la recuperación de derechos».

La central nacionalista CIG acusó ayer a la Xunta de utilizar el autogobierno «sólo para recortar» y limitarse a actuar como «una sucursal de Madrid» a la hora de recuperar derechos, asegurando que el acuerdo propuesto por Facenda «no es un acuerdo autónomo sino una adaptación» del firmado en marzo entre el Gobierno estatal y las organizaciones nacionales de CCOO, UGT y CSI-F.

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