El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, escucha al portavoz de En Marea, Luís Villares
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, escucha al portavoz de En Marea, Luís Villares - MUÑIZ
El «tarifazo» de la luz, en el Parlamento

La Xunta presume de sancionar con 2.400 expedientes a las eléctricas

Feijóo recuerda a En Marea y al BNG que Galicia es «referente» en políticas para paliar la pobreza energética

Santiago Actualizado: Guardar
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Cuando la Xunta de Galicia se enfrenta a las empresas eléctricas para defender los derechos de los consumidores, entonces «hay defensa del país». Palabra de Alberto Núñez Feijóo. El presidente gallego resolvió la defensa de sus políticas sociales intentando hacer ver a la oposición que, al menos esta vez, en San Caetano había un mandatario comprometido contra la pobreza energética: «¿Sabe cuántos expedientes sancionadores contra las eléctricas abrieron los gobiernos anteriores? Nueve, por 97.000 euros ¿Y sabe cuántos abrimos nosotros? 2.400 expedientes: Importe: 23,8 millones de euros», se fajó el popular contra las invectivas de En Marea. La sesión de control al Gobierno no hizo más que trasladar la preocupación social por la subida del precio de la luz durante este mes de enero.

El portavoz parlamentario de los rupturistas, Luís Villares, achacó al Ejecutivo autonómico maniobras de «desvío» de fondos dedicados, en un principio, a sufragar una de las medidas capitales del PP para facilitar el pago de las facturas: el ticket eléctrico social. El dinero repartido se destinó a sufragar otras tareas, como la eficiencia en la iluminación de la Ciudad de la Cultura, por un valor de 201.000 euros. «Valle-Inclán estaría orgulloso de usted, por quitar fondos para ayudar a las familias a pagar la luz para iluminar el Gaiás», afirmó el magistrado, citando al creador del «esperpento» en la literatura española.

El debate ganó tensión. El presidente de la Xunta recordó a En Marea que fue durante su mandato cuando 6.000 familias se valieron de los fondos públicos —hasta 300 euros por persona— para pagar sus consumos domésticos. Hace escasas semanas, anunció la firma de un convenio con las proveedoras de gas para evitar cortes repetindos del suministro; a imagen de un acuerdo precio sobre la luz. Para la administración, son tres puntas de lanza que hacen de Galicia un «referente» en la materia.

Así que, Feijóo recondujo la acusación, informando a Villares de que una parte de los fondos no se ejecutó «porque atendimos a todos los que solicitaron la ayuda». «Es la primera vez que se me acusa de tener un presupuesto excesivo», respondió, sarcástico, al portavoz de En Marea.

«Fría, insensible, falsa». De «cartón piedra». Así es la política social del PP a ojos de un sector de la izquierda, que no se quedó huérfana en la crítica al Ejecutivo. Antes, la portavoz del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, relacionó el coste de la energía con un supuesto trato perjudicial del Estado para con Galicia. «¿Qué prefiere?», preguntó, «¿una tarifa eléctrica propia o seguir defendiendo los beneficios multimillonarios de las eléctricas».

Los nacionalistas señalaron que el concello de Caldas de Reis era capaz de producir más energía que Madrid. «Que pena que ustedes estuvieran siempre en contra de la presa del río Umia» en la localidad, zanjó el presidente gallego.

Más financiación

Pontón moldeó con cifras —ahí estribó el conflicto con el PP— un relato de agravios comparativos que el Gobierno de España comete ante Galicia. La politóloga citó cifras del Ministerio de Hacienda para concluir que el Estado recauda 11.000 millones de euros en la Comunidad, casi cuatro mil más de los que retornan en forma de transferen-

cias. A la Xunta no le salen las cuentas. Feijóo, con informes de la Agencia Tributaria, invirtió la balanza y trató de tumbar la ya tradicional propuesta del BNG de instalar un concierto económico propio en Galicia. «Pasa que en esta Cámara somos 75, y 69 no estamos de acuerdo con ustedes».

Después de formular una pregunta sobre el paro juvenil, el portavoz socialista Xoaquín Fernández Leiceaga se sumó con una moción a la omnipresencia de la financiación autonómica de cada de pleno. Reclamó a Moncloa que «un compromiso» para aumentar los fondos transferidos a las comunidades autónomas. «Si no, es imposible articular un modelo». La propuesta del socialista choca de pleno con la declaración que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría hizo anteayer en el Senado. Fue rotunda. Reconoció que el nuevo modelo será «difícil de elaborar» con los actuales ingresos. Y los ingresos lo condicionan todo.

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