La Xunta insistirá en la transferencia de la AP-9 pese al veto del Gobierno

La Xunta ya tiene encima de la mesa el primer reto de la nueva legislatura que está a horas de arrancar: la transferencia de la autopista AP-9. Esta es una reivindicación que periódicamente salta a la agenda autonómica. Los partidos gallegos la recogen en sus programas electorales, realizan declaraciones unánimes en O Hórreo y las elevan al Congreso, pero llegadas a la Carrera de San Jerónimo, siempre se dan de bruces contra las muros del Congreso, sea cual sea el color del grupo mayoritario de la Cámara. La última vez fue esta semana, cuando la Mesa bloqueó siquiera el debate de la iniciativa alegando la necesidad de nuevos informes jurídicos.

Abierta la pugna de nuevo, la consecución de una de las principales infraestructuras en cuanto a la vertebración de la Comunidad será una de las puntas de lanza de estos primeros meses del tercer mandato popular.

En este sentido, la conselleira de Infraestruturas en funciones, Ethel Vázquez, confirmó que el Ejecutivo gallego dará la batalla «en todos los foros adecuados», y calificó de «error» de Fomento la negativa a tomar en consideración la petición. En el mismo sentido, la titular de la cartera autonómica subrayó que «jurídicamente es posible», y que entiende que la decisión «no es definitiva», al estar supeditada a los antes citados informes. Al abordar la cuestión, Vázquez no olvidó el hecho de que ambos Ejecutivos están en funciones, una realidad que supone un obstáculo en el más corto plazo. Con todo, deseó que una vez se encuentren funcionando con plenos poderes se pueda desbloquear esta situación y «abordar con seriedad el asunto».

El panorama político nacional no es un factor menor en esta batalla. De una parte, el único presidente autonómico con una mayoría absoluta —y el señalado como uno de los barones más importantes del PP en la actualidad—, presenta una reivindicación apoyada por la oposición gallega en pleno. En frente, se encontrará con un Ejecutivo en minoría que se verá obligado a negociar para que el Congreso no bloquee su acción legislativa. Por otra parte, de la ecuación sale la anterior ministra de Fomento, Ana Pastor, que siempre se ha mostrado contraria a la transferencia, por lo que abrir un conflicto entre Xunta y Ministerio suponía poner en el disparadero a la que fue cabeza de lista popular por Pontevedra.

«Frente común»

Aunque la disputa la vayan a liderar los populares gallegos —que llevan en su programa de 2016 expresamente esta reivindicación y la de la AP-53—, encontrarán tras de sí a los demás partidos. De hecho, durante estos días ha sido el BNG quien primero movió ficha para reaccionar al bloqueo del Congreso. Su líder, Ana Pontón, remitió una carta a sus homólogos en las demás formaciones para crear «un frente común» para que se levante un veto que ve «injustificado» y «absurdo».

Si bien es cierto que la transferencia es un objetivo que todos comparten, en la meta final sí hay discrepancias. En la práctica, que la titularidad pasase a la Xunta solo cambiaría la administración interlocutora con la concesionaria, y a partir de ahí deberían negociarse otras peticiones como el abaratamiento de los peajes. La propuesta de la izquierda gallega pasaría por «rescatar» la infraestructura y cancelar la concesión, que expira en 2048. Los populares descartan de plano este escenario, debido a los altos costes, que cifran en unos 3.000 millones de euros.