La Xunta eleva 261 millones su techo de gasto previsto para el próximo año

El Gobierno de Galicia dispondrá el próximo año de 9.487 millones para financiar su actividad. El Consello de la Xunta dio ayer luz verde al techo de gasto de 2018: la cifra a partir de la cual se configuran los presupuestos autonómicos y la clave de sol que articula toda la política económica del autogobierno. El presidente y su equipo gestionarán 261 millones más (2,9%) respecto a las cuentas consolidadas de este año, que ya fueron revisadas al alza hace escasas semanas. Solo falta que el pleno extraordinario del Parlamento, convocado para el próximo martes, le otorgue carta de naturaleza a la decisión. Ahí entrará en juego la mayoría popular en la Cámara.

Hay optimismo en las previsiones del Ejecutivo y eso se percibe en el horizonte perfilado por la Consellería de Facenda.

Algunas de las locomotoras económicas de la Comunidad — como el sector industrial y exportaciones— avanzan a velocidad de crucero. Por ello, el departamento de Valeriano Martínez ha decidido elevar siete décimas la previsión de crecimiento del PIB hasta final de año: pasará del 2,4% fijado en un principio al 3,1%; y del 2,5% al 2,7% para el ejercicio de 2018. En ambos escenarios, se sitúa una décima por encima de la media del conjunto de España.

La Xunta defiende así su particular modelo de «crecimiento sano», inspirado en la máxima de no gastar lo que no se tiene y apoyado siempre en el confortable colchón que le granjean las mayorías absolutas. Galicia encadena tres años consecutivos medrando por encima del 3% y trece trimestres con caídas del paro; de ahí que la recuperación también se haga extensiva a la disponibilidad de fondos propios. La administración manejará una hacienda con 1.051 millones más que en 2015, año en el que el presupuesto autonómico no llegó a rebasar los 8.436 millones. Es el síntoma, apuntaló Feijóo, de que nos encontramos ante «un horizonte de estabilidad y crecimiento» en el que Galicia aspira a ser un «país visible», referente de «responsabilidad», y a salvo de los «bandazos» que le puedan atizar nuevas recesiones.

Se cuenta, por tanto, más dinero en las arcas y menos deuda por abonar a los acreedores. En comparación con hace dos años, la administración debe 213 millones menos. Este año se perseguirá eliminar 103 millones en obligaciones de pago. Finalizado el 2018, el objetivo es que el déficit público se establezca en el 0,3%, tres décimas por debajo del límite fijado para el vigente periodo.

Pero no solo se trata de pagar menos, sino de hacerlo antes. La autonomía cerró el 2016 con un periodo medio de pago a proveedores de 21,9 días, mientras que el promedio del resto de comunidades alcanzó los 40,7 días. En los primeros cinco meses de este año, el dato en Galicia se desplomó hasta los 8,2 días.

Respecto al paro, el Ejecutivo no modifica en principio su propia senda. El guión pauta que para finales de 2017 la reducción del desempleo se acerque hasta el 15,4%, la etapa intermedia para cerrar la década con 80.000 puestos de trabajo generados y una tasa del 10% de inactivos.

La financiación

Desde que se clausuró la reunión del Consejo General de Política Fiscal y Financiera, el pasado jueves, en las oficinas de San Caetano se trabajó a destajo para presentar «inmediatamente» el techo y remitir un documento «realista» al Parlamento. Ése ya es, en sí, un «hecho diferencial» que marca el discurso de la estabilidad de Feijóo. «Galicia no va a ser nunca una fuente de incertidumbre», destacó sobre la capacidad de su gabinete para aprobar los presupuestos en solitario.

Ni el Gobierno central ni el resto de regiones pueden decir lo mismo. Todos están inmersos ahora en el debate sobre el nuevo modelo de financiación. El informe emitido esta semana por el «comité de sabios» deja caer la posibilidad de armonizar el impuesto de sucesiones. Pero a la Xunta no le seduce la idea: «Nos costó mucho eliminar el impuesto al 99% de los gallegos, y ahora no nos gustaría cambiar de opinión», razonó Feijóo, sobre una de sus medidas fiscales estrella.

El debate sobre el sistema de reparto recién acaba de comenzar y cada invitado a la mesa expone sus puntos de partida. El de Galicia es que se deben contemplar las diferencias entre comunidades solventes, las que «cumplen el déficit», y las que dependen de los ingresos del Estado y del «aumento de la deuda pública». El melón de la financiación empieza a abrirse.