La Xunta clama tras la liberación de un incendiario acusado de 15 fuegos

La lucha contra la lacra de los incendios forestales se juega en varios frentes: la prevención, la concienciación y, cuando no queda más remedio, la extinción. Junto a ellos está la labor investigadora de Policía y Guardia Civil, que persiguen a los incendiarios quienes, aprovechándose de la combinación de circunstancias climatológicas adversas, queman los montes de la Comunidad. Cada vez son menos protegidos y más delatados y la sensibilización ciudadana se ha incrementado. Ese escenario sirve para explicar la indignación expresada este viernes por la conselleira do Medio Rural —como portavoz de la Xunta— a raíz de que el último incendiario arrestado, sobre el que existen sospechas de que haya prendido quince fuegos, haya sido puesto en libertad después de declarar ante el juez.

«No podemos permitir que gente a la que se le atribuyen 10, 12 ó 14 incendios, al final esté en su casa, aunque tenga que declarar una vez a la semana», criticó Ángeles Vázquez, que vive este verano su primera campaña contra las llamas. De esa manera, la titular de Medio Rural cuestionaba la decisión del juez, que tras tomar declaración al detenido optó por dejarle en libertad, con obligación de comparecer en sede judicial una vez cada siete días, investigado por un delito contemplado en el artículo 354 del Código Penal. Es decir, el contemplado para quien «prendiere fuego a montes o masas forestales sin que llegue a propagarse».

La pena en estos oscila de seis meses a un año de prisión, lo que explica que el incendiario de Maceda no fuera enviado a la cárcel, como sí sucedió en agosto con la mujer detenida en Cerceda, cazada también «in fraganti». Por este mismo motivo, Vázquez pidió un «endurecimiento» de las sanciones para estos supuestos. La normativa fijas diferentes castigos de privación de libertad en función de la gravedad que alcance el incendio. De hecho, en caso de que «comporte un peligro para la vida o integridad física de las personas, serán castigados con la pena de prisión de diez a veinte años», recoge el Código Penal. En el artículo 353 se señalan circunstancias agravantes tales como la superficie arrasada, los efectos erosivos en el suelo, la alteración en las condiciones de vida animal o vegetal, que sea provocado «en un momento en el que las condiciones climatológicas o del terreno incrementen de forma relevante el riesgo de propagación» o cuando «el autor actúe para obtener un beneficio económico».

«No hay un repunte»

Vázquez realizó esta valoración en «un momento de calma» dentro de la ola de incendios vivida durante esta semana, con más de 7.000 hectáreas concentradas la mayor parte en el sur de la provincia de Orense. Este viernes solo continúa activo el de Entrimo, el más grande del verano, con 2.800 hectáreas, de las que 700 son arboladas, quemadas desde el pasado martes. «Evoluciona favorablemente, pero su perímetro ya no avanza y apenas queda un foco en una zona de difícil acceso, en la que siguen actuando especialmente los medios aéreos para sofocarlo», detallan desde Medio Rural.

No obstante, la conselleira matizó que «no hay repunte este año de incendios», sino que «hay incendios de grandes dimensiones». Se refería entre otros al controlado en Oímbra con 2.035, al de Muíños con 800 —todas dentro del Parque Natural del Xurés— o al de Boborás con 600 hectáreas más.

Las labores también pasan por refrescar distintas zonas a la espera de la lluvia, pues como recordó Vázquez esta es la temporada estival «más seca desde que existen estadísticas». «En Orense no cae una sola gota desde el mes de junio», advirtió. De hecho, comentó que en algunos lugares las motobombas han tenido problemas para recoger agua.

Sobre las ayudas de 10 millones de euros aprobadas recientemente por la Xunta para los daños de los incendios de agosto, Vázquez avanzó que se ampliarán para los de este mes.