Villares evita condenar el referéndum ilegal del 1-O, suspendido por el TC
El líder de En Marea ve «deseable» la organización de una consulta porque «canaliza un reclamo democrático»
Los rupturistas proponen activar el artículo 92 de la Constitución para celebrar una votación no vinculante
Afalta de un referéndum pactado con el Estado, no queda más que el ideado por Puigdemont. Esta fue, en síntesis, la opinión que ayer vertió Luís Villares sobre la celebración de la consulta ilegal del 1 de octubre en Cataluña. El líder de En Marea no altera sus posiciones . Una vez más, volvió a reivindicar el derecho a decidir como «un atributo propio de la ciudadanía» , aunque sea para ejecutar la desconexión de un territorio respecto del conjunto del Estado. « Consideramos que la organización de un referéndum, en la medida en que tenga garantías, es deseable porque canaliza un reclamo democrático, que es el reclamo a participar en la vida política», aseguró.
Ni la acción del Alto Tribunal ni la de la Fiscalía hacen mella en el criterio del Villares, magistrado en excedendia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TXSG). Sus declaraciones siguen ofreciendo cobertura a quienes defienden el proceso orquestado por Junts Pel Si y la CUP. Ayer no fue una excepción. El portavoz rupturista insistió en que el desafío del independentismo responde a un «problema político», y que como tal debe tener una «respuesta democrática» por parte del Gobierno de Rajoy. «No tenemos un problema que se soluciona con el Código Penal , tenemos un problema que se soluciona con la palabra».
No en vano, el argumentario de En Marea se ha afinado en los últimos días. Después de recibir las críticas, entre otros, del presidente de la Xunta por su aliento al 1-O — «ojalá no vuelva a dictar una sentencia en Galicia» — , Villares se sacó de la manga una alternativa: la celebración de un referéndum consultivo, en base a la aplicación del artículo 92 de la Constitución . El punto de la Carta Magna recoge la posibilidad de someter a la opinión popular —sin que ésta sea vinculante— «decisiones políticas de especial trascendencia», previa autorización del Rey y mediante la intervención de La Moncloa y el Congreso. «Encaja perfectamente con la situación que estamos viviendo», explicó Villares sobre una vía que ya planteó en el pasado el líder de Podemos, Pablo Iglesias. «Esa posibilidad puede darse, solo falta voluntad política».
El magistrado en excedencia, sin embargo, no llegó a concretar si el referéndum pactado implicaría solo a la ciudadanía de Cataluña, o también a la del resto de España . Aludió a la posibilidad de celebrar consultas en un ámbito más reducido que el del Estado, y hasta puso como ejemplo la participación de los vecinos de Silleda para decidir un cambio en la ubicación del consistorio.
El PP, culpable
Lejos de condenar la estrategia de desobediencia del bloque soberanista, el portavoz del rupturismo en el Parlamento excusó su trayectoria. Según Villares, «las organizaciones políticas y sociales» que ahora calientan la calle y sostienen el referéndum, antes «buscaron ese consenso» con los poderes del Estado. Su conclusión: la responsabilidad es para un Partido Popular instalado en el «inmovilismo». «Lo que pasa ahora es una situación creada por el PP al negarse a emplear mecanismos institucionales» , cargó.
Para En Marea, es «inaceptable» que se suspendan actos, manifestaciones y debates relacionados con el independentismo. El Gobierno, señalan, agita el conflicto de Cataluña como señuelo para desviar la atención de los casos de corrupción y la «deturpación» de las instituciones. «No vamos a caer en ese juego», aseguran, esperanzados de que el tiempo y la negativa a entablar diálogo con la Generatitat pase factura a Rajoy. «La posición del PP no es la única posible. Démosle una oportunidad a la democracia y a la gente y veremos como responde a la altura de la situación».
Todo lo demás, terció Villares, «es secundario» . También el riesgo de que sus pronunciamientos a favor del derecho a decidir tengan consecuencias para su carrera judicial . El hecho de que un magistrado, ahora protegido por su actividad parlamentaria, sea crítico con los pronunciamientos del Constitucional puede incrementar la probabilidad de que sea recusado en el futuro, como explicaron fuentes de las asociaciones judiciales a ABC tras el último careo entre Feijóo y el responsable rupturista.
El respaldo de Villares es tal que ayer evitó abrir una brecha con sus compañeros de confluencia, los nacionalistas de Anova, por anunciar la organización eventos en defensa de la independencia de Cataluña. «Habrá que ver qué actos concretos se puedan hacer, pero no veo delito», subrayó, en referencia a las manifestaciones del delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, en las que advertía que no se autorizaría ninguna movilización convocada «en contra de la legalidad».
«En terreno de nadie»
Al igual que En Marea, la cuestión catalana también ha movilizado al arco parlamentario de la izquierda. El portavoz de los socialistas y aspirante a las primarias, Xoaquín Fernández Leiceaga, no escabulló el debate ni las críticas al populismo por situarse «en terreno de nadie». «Los que hacen así están claramente colaborando en la estrategia de quebrar la legalidad institucional» , apuntó. Leiceaga aprovechó su comparencia de prensa en O Hórreo para enviar un mensaje de compromiso con el marco constitucional y marcar distancias con el discurso de las formaciones a la izquierda del PSdeG: «Los que están pero no están tienen un oportunismo digno de mejores causas y están confundiendo a los ciudadanos». El 10, dijo, «está encaminado a que se produzca un resultado que permita declarar la independencia de Cataluña el día 2».
El BNG, por su parte, no está dispuesto a dejar pasar el tren acelerado por el nacionalismo catalán. Los nacionalistas celebrarán el próximo sábado un acto idéntico, en escenografía, a la presentación de la ley de «desconexión» de la Generalitat. Será en un teatro de Compostela donde Ana Pontón y su equipo avancen las «bases democráticas» para una nueva Galicia . Contemplarán, según adelantó ayer la portavoz nacional del Bloque, el reconocimiento de la Comunidad como «una nación que tiene que tener capacidad para tomar sus propias decisiones» . El documento, «de lo más relevantes para el nacionalismo en las últimas décadas», persigue superar el actual sistema constitucional: «El régimen del 78 está oxidado», enfatizó Pontón.
