Los sindicatos lanzan una huelga contra las nuevas rutas de bus

La Xunta ya tiene la primera respuesta a su renovado plan de transporte público: una huelga. La CIG, Comisiones Obreras y UGT sumaron ayer sus fuerzas con el propósito de paralizar el sector todos los martes y miércoles a partir del próximo 20 de junio. El órdago se produce apenas un día después de que la Consellería de Infraestruturas activara la primera fase de su nuevo mapa de rutas. Fue el momento elegido por los sindicatos para acusar al Gobierno y a las empresas de camuflar «una pinza» que, a la luz de su lectura del plan, provocará despidos y empeorará la calidad del servicio.

«Marketing puro». «Costes mayores». «Un auténtico pelotazo». Estos y otros fueron los calificativos que completaron la denuncia de las tres federaciones.

Sostienen que el departamento dirigido por Ethel Vázquez ha sentado las condiciones para que se produzca una devaluación de los derechos laborales. Aunque la CIG va más allá en su pronóstico. Calcula que uno de cada tres trabajadores del transporte estará en riesgo de perder su puesto si, como aseguran, se consuma el hipotético «ERE encubierto» orquestado por la administración. En la actualidad, y según datos de la Consellería, alrededor de 5.000 familias viven bajo el paraguas del sector.

Son las condiciones laborales las que movilizan a las centrales sindicales, pero no solo. Las sospechas sobre las consecuencias del plan se extienden a las relaciones entre el Ejecutivo gallego y las potenciales concesionarias. El secretario federal de transportes de la CIG, Xesús Pastoriza, alertó contra el peligro de concentración en la adjudicación de las rutas. «Podemos estar delante de un auténtico pelotazo, como pasó en las contrataciones del 061, que acabó siendo para una empresa propiedad de un fondo buitre y se quedó con el 50% del transporte sanitario de Galicia», resaltó.

Al margen de las hipótesis de futuro, Pastoriza cree que algunas de las líneas sometidas estos días a información pública acabarán teniendo un coste del billete superior a los 1,40 euros fijados por Infraestruturas. «Lo que hacen es dividir las actuales concesiones en tres o cuatro, lo que obligará a los viajeros a hacer transbordo y pagar así dos o tres billetes».

En suma, achacan al Gobierno gallego una falta de visión. Que «no midiese el impacto social», en palabras de Marcos Pérez, responsable sectorial de CC.OO. Para UGT, uno de esos riesgos es la desprovisión del servicio en gran parte del rural de Galicia. «Muchos pueblos se van a quedar incomunicados», aseguró una de las dirigentes de la federación «ugetista», Beatriz Meilán.

Responde la Xunta

La Consellería negó ayer, uno por uno, los temores vertidos sobre su iniciativa, convertida en uno de los pilares maestros de su acción de gobierno. Defienden que «uno de los objetivos» de la reestructuración es «garantizar los puestos de trabajo en el sector». Ni más facilidades para destruir empleo, ni más concentración, mantienen: «Los contratos previstos están diseñados para que accedan a ellos pequeñas y medianas compañías que forman el tejido empresarial gallego y asegurar así la continuidad de los puestos de trabajo».

Infraestruturas pone encima de la mesa el compromiso de que cumplirá «escrupulosamente» la legislación «en materia de subrogación de trabajadores». Algunos se subirán a los autobuses en la calidad de acompañantes, sobre quienes la Xunta deposita la encomienda de elevar la seguridad «por encima de los estándares legales».

Sobre la política de tarifas, la administración vuelve a salir al paso: «Los servicios tendrán un coste igual o inferior al actual», apuntan, para contrarrestar la versión sindical.

Tendrán, no obstante, la oportunidad de debatirlo cara a cara. Los secretarios generales de CIG, CC.OO. y UGT se han puesto de acuerdo para solicitar una reunión con Alberto Núñez Feijóo, pero la Consellería los convocará antes a un encuentro con Ethel Vázquez «para dar respuesta a sus preocupaciones sobre el proceso».