Sindicatos judiciales rechazan una subida de hasta 900 euros y la ampliación de los permisos de maternidad

La última reunión entre el Gobierno gallego y el comité de huelga de personal de Justicia mantenida este miércoles, y que acabó sin acuerdo ante la negativa de los trabajadores , giró en torno al ofrecimiento de la Xunta de ampliar el permiso de maternidad y paternidad a los funcionarios de la Administración de Justicia de las 16 semanas actuales a las 20, y de 29 días a 5 semanas, respectivamente. Según informa la consellería del ramo en un comunicado, «la Xunta mostró de nuevo su voluntad negociadora y ofreció una nueva mejora: la ampliación tanto del permiso de maternidad como del de paternidad, siendo trasladada esta mejora en el documento entregado ayer a las organizaciones sindicales».

El Gobierno gallego indica que la medida que ahora se adopta por parte de la Xunta situaría a los funcionarios judiciales « a la cabeza de todas las comunidades autónomas en conciliación por maternidad y paternidad en la Administración de Justicia, ya que el período de conciliación familiar retribuida del personal de la Administración de Justicia gallega se situará en la media de los 5 meses».

Además, se añade en el comunicado, el Gobierno gallego recoge en el mismo documento el ofrecimiento para incrementar la cuantía del complemento autonómico transitorio por encima de la media del resto de comunidades autónomas, lo que se traduce en una subida global de entre 660 y 900 euros al año , en función del cuerpo. La Administración autonómica también trasladó su compromiso de convertir en fijos los puestos que llevan más de tres años con contratos temporales.

Adicionalmente la Xunta ofreció mejoras en materia de violencia de género, que pasan por la creación de 7 plazas de psicólogo para los servicios de atención a las víctimas existentes en las siete ciudades gallegas, el refuerzo de personal en los juzgados de violencia sobre la mujer en aquellos casos en los que sea necesario por su carga de trabajo, y el establecimiento de un complemento lineal por objetivos ligados al trabajo en violencia de género, que se traducirá en el pago de una cantidad a los funcionarios de los juzgados de violencia de entre 50 y 100 euros al mes, en función del tipo de juzgado.

Los representantes de los sindicatos dieron ayer por rotas las negociaciones y tras un encierro de varias horas en dependencias de la administración autonómica, de donde fueron desalojados, anunciaron que la convocatoria de huelga indefinida a partir del próximo miércoles 7 de febrero .