Exteriores del complejo administrativo de la Xunta en San Caetano (Santiago)
Exteriores del complejo administrativo de la Xunta en San Caetano (Santiago) - ABC

Sindicatos denuncian que dos empresas «pirata» pujan por un contrato de vigilancia de la Xunta

Vicepresidencia envía un mensaje de tranquilidad: asegura que «no adjudicará el servicio a una empresa que no cumpla el convenio del sector»

SantiagoActualizado:

Unos les llaman empresas «pirata» y otros prefieren denominarlas «low cost», pero todos los sindicatos coinciden en la misma descripción: pujan a la baja en los procesos de contratación pública, ajustan salarios al límite, y condenan a su personal a la precariedad, cuando no a engrosar las listas del paro. En Galicia, la UGT y la UCO han encendido las alarmas ante la posibilidad de que dos de estas compañías puedan hacerse con un contrato de vigilancia de edificios de la Xunta, valorado en 6,7 millones de euros.

Ambas centrales lanzan todo tipo de prevenciones respecto a su «modus operandi». Aseguran que sus servicios acaban siendo más costosos que los de una compañía ordinaria, puesto que contraen deudas con la Tesorería General de la Seguridad Social, con Hacienda, y fuerzan a sus trabajadores a recurrir al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). En conversación con ABC, el secretario general de Limpieza y Seguridad de UGT-Galicia, Jesús María Álvarez, llama la atención además sobre el hecho de que solo cuatro compañías se hayan interesado en el contrato. El principal escollo, dice, es la «muy, muy baja» licitación, «al límite» de los recursos necesarios para subrogar a 160 trabajadores y acometer reformas en los sistemas de seguridad.

La preocupación de los sindicalistas estriba en buena medida en los antecedentes de estas empresas. Una de ellas, concretamente, cambió su nombre en el Registro Mercantil días después de que el Congreso de los Diputados instara al Ministerio de Defensa a rescindir el contrato que mantenían con ella por 32 millones de euros. La Junta de Contratación del Ministerio obró en consonancia, y decidió entonces resolver la concesión. Y no es la única denuncia al respecto.

Según la UCO, la clave de los bajos precios ofertados están en los ajustes a la baja de los convenios, en los que denuncian recortes de hasta el 40% en las nóminas. «Arrastran a auténticos dramas sociales, con muchas familias viviendo al borde del desahucio y sobreviviendo con extrema dificultad», protestan en un comunicado.

Este viernes administración, sindicatos y empresas acudieron a la apertura del conocido sobre B del procedimiento, que ampara las clásulas legales del servicio. A falta de conocer los detalles del C, el de las condiciones económicas, la Xunta envía un mensaje de tranquilidad. Fuentes del departamento de Vicepresidencia, responsable de la política de seguridad autonómica, precisan que la Xunta «no le adjudicará el servicio a una empresa que no cumpla el convenio colectivo del sector».

El Gobierno gallego se ampara que el apartado 12.3 de los pliegos. El punto habla de que, en caso de «incumplimiento grave» de los términos de la concesión, entre ellos la vulneración de los derechos de los trabajadores, la administración podrá rescindir directamente el contrato, o bien poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía. Desde la UGT, sin embargo, se inclinan hacia la prevención: «Mientras la Xunta los pone en la calle, pueden pasar 3 o 4 meses con trabajadores cobrando un 30 por ciento menos», zanja Álvarez.