Una segunda vida para los cascos históricos
Simplificar y atraer más rehabilitaciones a las zonas urbanas degradadas. Son los dos objetivos con los que nace la futura ley de regeneración urbana de Galicia
No hay mayor desprotección que el abandono. Con esa premisa de partida, y con el objetivo de devolver a los cascos históricos el esplendor urbanístico, económico y social, nace la ley de regeneración y rehabilitación urbana de Galicia. Una normativa, pionera en la Comunidad, con la que la Xunta prevé actuar sobre 100.000 viviendas . Se trata de acabar —una vez entre en vigor en 2018— con una postal cada vez más frecuente en los corazones de villas y ciudades: casas en ruinas, comercios cerrados y vida vecinal anulada.
El texto introduce varios instrumentos novedosos, pero sobre todo facilita al Gobierno gallego la posibilidad de intervenir directamente sobre las zonas deterioradas , y brinda a los propietarios una batería de incentivos para lanzarse a invertir: según las estimaciones de la Consellería de Infraestruturas, por cada millón de euros públicos concedidos a particulares, se prevé la movilización de otros 3 millones, la recaudación de 1,6 en impuestos y la creación de 200 puestos de trabajo. Si el millón va dirigido a los concellos, serán 56 los empleos creados y la recaudación ascenderá a 460.000 euros.
Pero, ¿cómo es la foto fija de los cascos históricos en Galicia? «Están en situación desigual. Hay algunos que están casi totalmente rehabilitados, con actividad y dinamizados. Sin embargo, hay otros que por cierto motivos les cuesta más arrancar», señala el director del Instituto Galego de Vivenda e Solo, Heriberto Garcia. Es en esas zonas donde la ley cobra pleno sentido. La Xunta buscará revertir la degradación de los cascos históricos declarados Bien de Interés Cultural (BIC) , o de otros espacios cuya singularidad exija una rehabilitación urgente.
En estos casos, la administración autonómica creará las Áreas Rexurbe, y dentro de éstas, las Zonas de Especial Necesidad de Rehabilitación (ZER). Serán declaradas por el Consello de Goberno, y en supuestos de emergencia, permitirá a la Xunta tanto la expropiación de los inmuebles en ruina s como la aplicación de un «canon disuasorio» a los propietarios que «han desatendido sus deberes» de rehabilitar. El dinero recolectado servirá exclusivamente para financiar las obras. El matiz es importante. García puntualiza que el Gobierno no persigue «entrar a saco a expropiar», sino terminar al fin con la dejadez en los inmuebles. «Lógicamente, ahí los poderes públicos tienen que sustituir a los propietarios», apunta.
Además, todas las gestiones estarán coordinadas por los centros Rexurbe –en general, consorcios con otras administraciones— y actuarán bajo la tutela de un plan de dinamización económico, patrimonial o social. «No basta solo con rehabilitar las edificaciones, hay que hacer que esas áreas vuelvan a recuperar la vida» , detalla García. Para eso están las ayudas. La Consellería contempla la creación de un fondo específico para financiar préstamos sin intereses a los proyectos presentados por los concellos, y existirán partidas de cooperación para municipios de menos de 50.000 habitantes.
Porque otro de los puntales de la norma está en la cooperación entre administraciones . García advierte que en ningún caso la Xunta pretende sustituir a los municipios en una de sus competencias básicas, sino que se propone articular un frente institucional para desarollar proyectos. El caso de Vigo es la «referencia». La rehabilitación de la zona histórica de la ciudad está dirigida por un consorcio, financiado al 90% por la administración autonómica y al 10% por el ayuntamiento olívico. Implantada la ley, se espera que la Xunta aporte en los nuevos consorcios el 60%.
El de Vigo es un ejemplo de éxito, pero no es el único. En Betanzos, Orense, Lugo, Mondoñedo o Ferrol ya existen planes de recuperación en fase de desarrollo.
Normas comunes
Al margen de los puntos más devaluados, la ley recogerá normas de aplicación directa válidas para todos los ayuntamientos, en caso de que no dispongan de planes especiales. Se podrán utilizar conjuntamente los portales en núcleos de hasta tres edificios o existirá la posibilidad de unir locales de negocio en plantas bajas. También, la Xunta autorizará las reformas de fachada o vaciados parciales en edificios protegidos. Algunas obras, especialmente las de menos impacto, no necesitarán el informe de la dirección xeral de Patrimonio que hasta ahora venía siendo obligatorio.
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