José Luis Méndez Romeu - VER EL BOSQUE

El rigorismo penal no es la solución

Ampliar las medidas alternativas a la cárcel no parece una opción costosa ni difícil y evitaríamos discursos justicieros, completamente improcedentes

José Luis Méndez Romeu
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Parece ser que dos millones de personas han firmado una propuesta para mantener la prisión permanente revisable, una novedad introducida en el Código Penal en 2015, evitando su posible reconsideración legal. Al frente de la recogida de firmas han estado algunas personas que, como familiares de víctimas han sufrido directamente las consecuencias de algunos delitos de gran violencia. Como aconteció en su día con las víctimas del terrorismo, es muydifícil manejar con categorías racionales una explosión de sentimientos en defensa de las personas que han perdido la vida en circunstancias trágicas.

No ha faltado, como es también recurrente en la vida pública, la explotación partidista del dolor, en este caso impulsada por el Gobierno. A cuenta de ese debate el Parlamento gallego ha vivido otro de sus días aciagos, donde las acusaciones gruesas cuando no directamente impostadas, han suplido a los argumentos serenos. El debate político se ha ajustado a la división partidista antes que al fondo de la cuestión. A favor de mantenerla está el Partido Popular, en contra la izquierda y nacionalistas, con Ciudadanos absteniéndose. Debate de poco riesgo y apelaciones más o menos demagógicas a los electores.

Es menos sabido que el número de delitos en España es muy bajo en comparación europea y aún menor en el territorio gallego. No hay motivos de orden público para el alarmismo ni para utilizar el Derecho Penal como herramienta vengativa, especialmente cuando sabemos del relativo poder regenerador de la cárcel. Es más, las condenas medias en España son superiores a las de otros países, consecuencia de nuestro ordenamiento jurídico, ofreciendo la paradoja de que con menor número de delitos tenemos mayor población reclusa, en tasa por millón de habitantes, que la inmensa mayoría de los países europeos. Una consecuencia también de la mayor aplicación de la pena de cárcel y la menor tendencia a otras medidas alternativas, contempladas en la normativa legal. Exacerbar la privación de libertad no es el camino aconsejado por los expertos.

Es cierto que algunos agresores no modificarán su conducta tras el paso por la cárcel pero una larga condena representa ya un castigo extremo. Que tras él sigan representando un peligro para la convivencia no habla en favor de prolongar el encarcelamiento, por inútil. De la misma forma que el impulso reformista de los ilustrados con Cesare Beccaria al frente, modificó la consideración de la pena y de la cárcel para racionalizarla y humanizarla, tal vez deberían de articularse otras medidas acordes con el riesgo de determinadas personas antes que defender las soluciones más inhumanas y más ineficaces.

Un pensador original, Foucault, estudió las cárceles modernas, su función social y el papel que juegan dentro de los mecanismos de poder del Estado lo cual explicaría la renuencia a introducir medidas más innovadoras en la represión del delito. Sin llegar tan lejos, la vis punitiva que se ha extendido a muchos delitos, desde la circulación de vehículos a otros relacionados con el patrimonio, no tiene mucho sentido. Ampliar las medidas alternativas a la cárcel no parece una opción costosa ni difícil. Al tiempo evitaríamos discursos justicieros, completamente improcedentes.

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