Galicia

El PP denuncia que Campos utiliza dinero público para lograr acuerdos

Según Elena Candia, el objetivo es conseguir el apoyo de Martínez, el alcalde de Becerreá

El alcalde de Becerreá, Manuel Martínez, en el pleno de la Diputación
El alcalde de Becerreá, Manuel Martínez, en el pleno de la Diputación - EFE

El culebrón que coprotagoniza el alcalde Becerreá, Manuel Martínez, con sus antiguos compañeros del grupo provincial socialista en la Diputación de Lugo parece no acabar nunca. La confesión del regidor acerca de la supuesta oferta de pacto que habría recibido del presidente Darío Campos para incorporarse al gobierno ha provocado la airada reacción de la líder del PP lucense, Elena Candia. La popular insinuó que Campos estaba empleando las arcas públicas de la institución como «moneda de cambio» para garantizar su propia estabilidad y el restablecimiento del acuerdo que se rompió después de que el BNG exigiera la cabeza de Martínez para lograr un pacto con los socialistas.

El de Becerreá, diputado no adscrito, reconoció anteayer que la posibilidad de restablecer el acuerdo «de Nadela» estaba encima de la mesa. Las condiciones serían las mismas que cuando se negoció su voto favorable a la moción de censura que plantearon contra Candia, entonces presidenta provincial. Martínez pasaría a asumir el departamento de Vías, Obras y Parque Móvil y la vicepresidencia de la Diputación. A su acercamiento con Darío Campos habría que sumar la apertura de un nuevo diálogo con el BNG para mantener la estabilidad. «Sería absurdo formar un grupo de once sin la garantía de que el Bloque va a colaborar», afirmó en declaraciones a Efe.

Las palabras de protesta de Elena Candia levantaron las sospechas de que Campos y Martínez estaban buscando la «reconciliación» con un mercadeo de cargos. «Nuevamente, se sigue utilizando la institución sin priorizar las competencias que tiene, sino como mecanismo para reforzar a la gente del partido», protestó antes de entrar en el pleno elebrado en la sede provincial.

La alcaldesa de Mondoñedo rechaza frontalmente que se arreglen los «problemas de partido» utilizando la palanca de las instituciones por las que, dijo, «merecen un respeto». Ya durante la sesión, el grupo provincial popular consiguió aprobar la creación de una comisión de seguimiento para estudiar cuántos de los acuerdos que reciben el visto bueno de los grupos políticos son ejecutados después por el gobierno.

«El cumplimiento de los acuerdos plenarios, además de una cuestión legal, es una muestra de respeto hacia los lucenses», aseguró el viceportavoz del PP en la Diputación, Carlos Armesto. Según sus propias cifras, 19 mociones fueron aprobadas en el periodo que va de octubre de 2015 a septiembre de 2016; de las cuales cinco fueron apoyadas por unanimidad pero ocho no tuvieron repercusión en la acción del gobierno presidido por Darío Campos. La propuesta de diseño de la comisión pasa por convocar a los técnicos de la institución, los portavoces y el vicepresidente provincial.

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