Pequeños accionistas gallegos entran en el caso del Banco Popular

Entre 10.000 y 15.000 gallegos perdieron el pasado mes de junio el dinero que tenían invertido en acciones del Banco Popular tras su venta al Santander por un euro. El juzgado Central de Instrucción número 4 de Madrid tiene ya abierta una investigación para determinar si las dos últimas cúpulas del Popular, presididas por Ángel Ron y Emilio Saracho y la auditora de la entidad, Pricewaterhousecoopers, cometieron algún tipo de delito que derivó en la quiebra del banco. En el caso se ha personado la Asociación Gallega de Consumidores y Usuarios (Acouga) , que ha sido ya admitida como parte para defender los intereses de los accionistas gallegos e intentar que logren recuperar parte de su dinero.

En una rueda de prensa en La Coruña el presidente de Acouga, Manuel Pérez, y su secretario general, el abogado Xoán Antón Pérez-Lema, explicaron ayer que muchos accionistas poseían cantidades pequeñas que hacían inviable la presentación individual de demandas. Por este motivo los animaron a hacerse socios de Acouga como único requisito para poder entrar en el proceso. Según Pérez, en los últimos meses unas dos mil personas se han puesto en contacto con la asociación para ver cómo podían recuperar la inversión perdida.

La presencia de accionistas gallegos en el Popular era importante, dado que la entidad bancaria había absorbido a dos bancos de la Comunidad, el Pastor o el Banco de Galicia. Pérez Lema explicó que el procedimiento, que se sigue por vía penal puede ser lento, y pronosticó que se prolongará entre dos y tres años. «Es una investigación similar a la de Bankia», aseveró . Pero el secretario general de Acouga se mostró convencido de que es probable que se consiga algún tipo de indemnización para los afectados, ya sea por vía judicial o porque el Santander acabe ofreciendo algún tipo de solución acordada. «Era importante dar una respuesta desde Galicia» , subrayó Pérez-Lema ya que otras asociaciones de consumidores o de afectados, también personados en la causa abierta en Madrid, se encuentran fuera de la Comunidad gallega.

Podrán sumarse a la acción judicial tanto los accionistas anteriores a la ampliación de capital del Popular realizada en 2016 como los que participaron en este proceso, excluyendo a las empresas. No podrán reclamar nada los que decidieron cambiar sus acciones por los bonos ofrecidos por el Santander, que Pérez-Lema, tachó de «bonos trampa» , ya que como las preferentes cotizan en un mercado secundario pequeño y si se necesita liquidez hay que venderlos a pérdidas.