Imagen actual de una playa afectada por la marea negra hace 15 años
Imagen actual de una playa afectada por la marea negra hace 15 años - MIGUEL MUÑIZ

Las medidas para evitar otro Prestige dividen a la Xunta y a la oposición

Feijóo cree que hay «más recursos» para afrontar hoy una marea negra, y la izquierda habla de «papel mojado»

SantiagoActualizado:

Han transcurrido quince años desde que el Prestige comenzara a verter su carga de 60.000 toneladas de petróleo frente a las costas de Galicia, pero las lecciones de aquella catástrofe todavía enfrentan a la Xunta y a la oposición. Ayer, Alberto Núñez Feijóo defendió que las autoridades cuentan con «más recursos» para responder ante una crisis de similar magnitud. Según el presidente autonómico, «hay más medios, más protocolos, más barcos, más barreras anticontaminación» o «más almacenes logísticos» si la amenaza de una marea negra vuelve a poner en juego el litoral.

Con el aniversario de la tragedia presente en la agenda política del día, Feijóo reconoció que ante una eventualidad como la del 2002 el «riesgo cero no existe», pues cada año siguen atravesando el corredor de Fisterra «miles de barcos» cargados con «sustancias peligrosas». La labor de «todos», aseguró, es trabajar para que se extremen los controles y que tanto los trabajos de clasificación como los de chequeo de los buques sean «absolutamente rigurosos».

El jefe del Ejecutivo autonómico sostuvo que todos los organismos implicados «aprendieron» de las secuelas que el siniestro dejó en el ecosistema y en el esqueleto económico de la zona. En sectores estratégicos como la pesca, el precio de las capturas de sardina llegó a desplomarse un 38% en los años posteriores a la marea negra. Por eso es que, con independencia de los controles adoptados desde entonces —como el veto a las estructuras monocasco—, el titular de la Xunta también aprovechó el día de ayer para demandar reparación al estamento judicial. Feijóo reclamó una sentencia que impute a los «responsables patrimoniales» del accidente «el daño» causado a la Costa da Morte y a decenas de personas. «No tenemos todavía unas indemnizaciones correspondientes como consecuencias de aquella chatarra flotante que recorría con sustancias tóxicas nuestra costa», sentenció.

En el largo proceso judicial iniciado en el año 2012, y que continuó con un recurso resuelto en 2015 por el Supremo, la Fiscalía llegó a cifrar los perjuicios en 4.328 millones de euros. Otros estudios de la USC apuntan a que Galicia perdió del orden de 2.080 millones de euros en el trienio que siguió al hundimiento del petrolero. En esa dirección, Feijóo mostró su deseo de que los tribunales sigan «asistiendo» para que «los verdaderos responsables de la catástrofe» abonen las pérdidas.

En la oposición

Si el Gobierno de Galicia ve más instrumentos para paliar los vertidos, la oposición critica todo lo que ha quedado por remendar. En Marea afeó que las medidas anunciadas por aquel entonces para resarcir a la población se quedaron en «papel mojado», como consecuencia de la «falta de respuesta» de los sucesivos gabinetes del PP. El portavoz de la confluencia, Luís Villares, puso en duda que la Comunidad esté preparada para coordinar las labores de respuesta, para activar «medidas anticontaminación», o para «articular» a una marabunta de voluntarios que, como hace década y media, se lanzaron a los arenales para recoger el fuel. «Si hay algo peor que el chapapote en el mar y el fuego en la tierra son los políticos de papel que hacen bonitas promesas que después no se cumplen», enfatizó Villares, haciendo un escorzo verbal para vincular la marea negra y la ola de incendios del pasado mes de octubre.

En Marea, además de reclamar la puesta en marcha de un sistema de seguros responsabilidad civil, censura que los «responsables políticos» del desastre ascendiesen en sus carreras años después, y cita como ejemplos el caso de Mariano Rajoy, portavoz del Gobierno de Aznar a comienzos de los 2000 y actual presidente del Ejecutivo; o el propio Alberto Núñez Feijóo, al que Villares apodó «recambio de Cuíña» por su presencia posterior en el equipo de Manuel Fraga.

En las filas socialistas, Xoaquín Fernández Leiceaga reseñó la poca predisposición de las administraciones para designar un puerto refugio, que serviría para reparar un buque y minimizar el impacto de su vertido en el resto del litoral. En el plano económico el portavoz parlamentario del PSdeG lamentó que, aún a día de hoy, «seguimos discutiendo quién debe pagar», y achacó los retrasos a «una justicia demasiado lenta como para ser justicia». «Esto hay que cambiarlo en las instancias judiciales internacionales para que sea todo mucho más ágil», reivindicó.

La lectura del BNG reconoció la importancia de la protesta social en la presión contra la Xunta y la Moncloa. Ana Pontón señaló que «lo único esperanzador» de aquel otoño «fue la experiencia de Nunca Máis, la emergencia de una nación gallega que se autoorganizó contra el chapapote pero también para luchar contra las mentiras, el engaño y la incompetencia de los gobiernos del PP». Precisamente el portavoz del PP en la Cámara, Pedro Puy, resaltó que los organismos de Galicia, España y Europa están «mejor preparados» para actuar ante otra marea negra, por el propio factor de la experiencia. Con todo, Puy reflexionó «a título más personal» sobre los riesgos presentes en el corredor de Fisterra. «Pusimos poco énfasis en cuestiones derivadas de tráfico internacional de mercancías peligrosas», aseveró el popular. «No deja de resultar sorprendente que buques con defectos estructurales puedan obtener permisos de navegación».