Fernánez Liñares, durante una de sus comparecencias en los juzgados de Lugo
Fernánez Liñares, durante una de sus comparecencias en los juzgados de Lugo - EFE
GALICIA

De Lara concluye la instrucción de una de las piezas separadas de la Pokemon que afecta a Liñares

La causa investiga presuntos amaños de obras por el expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil al frente de este organismo

SANTIAGOActualizado:

La interminable madeja de la «operación Pokemon» comienza a desenmarañarse. El TSXG informó ayer de que el Juzgado de Instrucción nº1 de Lugo, con Pilar de Lara al frente, ha dado por finalizada la investigación de una de las piezas separadas que se derivaban de esta trama, la relativa a las actuaciones de Francisco Fernández Liñares al frente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, de la que fue presidente entre 2008 y 2012.

Según el auto al que ha tenido acceso ABC, De Lara considera que Liñares «habría cometido diversas irregularidades presuntamente delictivas en el ámbito de dicho organismo», como «la ilícita adjudicación de contratos de obras y servicios a determinados empresarios y empresas, con los que se habría concertado previamente, sin garantizar el cumplimiento de los criterios legalmente establecidos en los procesos de contratación publica», vulnerando de este modo «los principios de transparencia, libre concurrencia e igualdad, (...) manipulando ofertas y precios, ocasionando con ello un perjuicio económico a la Administración Pública, al eliminar la posibilidad de que el contrato se pudiera haber adjudicado a la empresa que hiciera la oferta realmente más ventajosa».

«Y todo ello —añade la instructora—, a cambio de la percepción de regalos, y obsequios de elevado importe, tales como botellas de Vega Sicilia, relojes, joyas, plumas, antigüedades y otras prebendas, así como de dinero y comisiones», que según los investigadores «podrían oscilar entre el 15 y el 20 por ciento del presupuesto licitado, ya acordado previamente entre ambas partes, al ser este presupuesto modificado, redactado y aumentado o inflado en muchas ocasiones por el propio señor Liñares». Este dinero, recoge el auto, «fue desviado para la obtención de un importante patrimonio» y a su participación en otras sociedades que, a su vez, acabaron siendo contratistas de la Administración, una causa que se investiga por separado a esta.

Pilar de Lara, instructora de la causa, en una imagen de archivo
Pilar de Lara, instructora de la causa, en una imagen de archivo- EFE

La investigación reveló que Liñares se valía del procedimiento negociado sin publicidad para invitar a determinadas empresas a los concursos de obras de la Confederación, pactando previamente mediante los precios para «amañar» las adjudicaciones. Los pinchazos telefónicos efectuados por los agentes de Vigilancia Aduanera así lo acreditarían. Uno de esos empresarios implicados en la trama y principales beneficiados de la misma sería, supuestamente, Manuel Santiso, también imputado por De Lara.

Asimismo, el principal investigado podría haber incurrido en un delito de malversación de caudales públicos, al haber utilizado para sus propios intereses particulares un vehículo con conductor —elegido por él— puesto a disposición de la Confederación por una empresa, vehículo con el que presuntamente Liñares realizaba viajes particulares que nada tenían que ver con el objeto del contrato, «y a pesar de que en su condición como presidente ya disponía de un vehículo oficial y de chofer».

Pachi Vázquez, en el sumario

Finalmente, también se han investigado las presuntas irregularidades cometidas por Fernández Liñares en relación a una persona para el cargo de jefa de prensa de la Confederación, cuando al mismo tiempo estaba contratada por Tragsa. En esta operación, el auto señala al exlíder del PSdeG, Manuel «Pachi» Vázquez, quien ejercía de valedor de esta persona para que «de esa forma consolide su puesto de trabajo» en la Confederación Miño-Sil, y que incluso se ofreció a «hablar con Madrid» para resolver la aparente incompatibilidad de la trabajadora.

En uno de los pinchazos que constan en el sumario, Vázquez se despacha a gusto contra la entonces ministra de Agricultura, Elena Espinosa. En otro, Liñares le pregunta a la jefa de prensa centro de las supuestas irregularidades por informaciones de ABC referidas a su patrimonio y un presunto pelotazo en la recalificación de terrenos de su propiedad. El ahora investigado llegó a especular con la posibilidad de querellarse contra este periódico, acciones que nunca emprendió.

En un extenso auto de más de un centenar de folios, la instructora considera que estos hechos podrían ser constitutivos de varios delitos de fraudes y exacciones ilegales, falsedad documental, tráfico de influencias, intervención fraudulenta en contrataciones públicas, manipulación para alterar el precio de concursos públicos, revelación del deber de guardar secreto, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y delito de prevaricación y cohecho. Además de Liñares y Santiso, estarían implicados otros doce empresarios y dos funcionarios públicos de la Confederación. De Lara ordena el sobreseimiento de la causa para otras siete personas, entre ellas la mujer de Liñares, Concepción Ferreiro.

La juez ha acordado que se continúe la tramitación de estas diligencias previas por el trámite del procedimiento abreviado y da diez días a la Fiscalía y, en su caso, a las acusaciones particulares personadas para que formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o bien el sobreseimiento de la causa, informó el Tribunal en un comunicado.