Los juzgados gallegos reciben un 36% menos de denuncias penales

Los juzgados gallegos recibieron durante el pasado año un 35,5 por ciento menos de denuncias penales que en el período anterior. El dato, dado a conocer ayer por la Sección de Estadística del Consejo del Poder Judicial, guarda una íntima relación con la entrada en vigor el 6 de diciembre del 2014 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que tiene por objeto «agilizar la justicia penal y fortalecer las garantías procesales». Una de las modificaciones más llamativas en este marco pasó por dejar de remitir a los juzgados de Instrucción y Primera Instancia los atestados policiales en los que no existía un autor conocido para el delito denunciado. La rebaja también se plasma en los datos generales correspondientes a 2016 y revela que los órganos judiciales de la Comunidad cerraron el año con un 10 por ciento menos de asuntos en trámite que un año antes.

En total, durante el pasado año los juzgados gallegos recibieron 334.410 nuevos asuntos, una cifra un 15 por ciento menor que la obtenida en 2015, con 442.941 nuevos ingresos.

La reforma legal que afectó de lleno a las causas penales se refleja también en el cómputo total de trámites resueltos por la justicia gallega en 2016. En conjunto fueron 347.663 los asuntos zanjados por los tribunales, con una media que alcanzó los 1.353 por órgano judicial. En la otra cara de la moneda están las causas que quedaron en trámite llegado el remate del año y que se elevan a 123.833. Al igual que en el caso de las denuncias penales, las cifras también mejoraron sensiblemente en la jurisdicción civil con una disminución interanual del 10,6 por ciento. En lo tocante a la jurisdicción contencioso-administrativa, y frente a la tendencia a la baja en el conjunto del Estado, Galicia registró un aumento en la entrada de casos. También crecieron tímidamente los asuntos ingresados en la jurisdicción social, con 30.647 nuevos ingresos y un crecimiento del 1,3 por ciento.

Por su parte, la tasa de litigiosidad en Galicia se mantuvo ligeramente por debajo de la media española, con 123 asuntos por cada mil habitantes frente a los 125 del conjunto estatal.