La Justicia fija una indemnización al Estado de 1.573 millones por el Prestige
La Fiscalía cree que será díficil cobrar todo, dado que el Fidac y la aseguradora sólo deben abonar unos mil millones
El auto de la Audiencia provincial coruñesa invita a los afectados a pleitear en la Justicia Británica
Cuando se cumplen quince años del hundimiento del Prestige frente a las costas gallegas y tras un largo proceso judicial, por fin se conocen las cuantías de las indemnizaciones. La Audiencia Provincial de La Coruña notificó ayer el auto de ejecución de la sentencia del caso dictada en enero de 2016 por el Tribunal Supremo. La sala entiende que el Estado español deberá recibir 1.573 millones de euros . El auto establece, además, 61 millones para el Estado francés y 1,8 millones para la Xunta . La administración gallega ya recibió 513 millones del Estado en 2005 y sólo reclamaba los gastos de reciclaje del fuel del petrolero recogido en las playas que siguen a la espera de poder terminar su tratamiento en las instalaciones de Sogarisa, en el municipio coruñés de As Somozas. En el auto se detallan, además, las indemnizaciones que deberán recibir los afectados particulares que no suscribieron un convenio para cobrar por adelantado y las de municipios.
La factura del Prestige tendrán que pagarla las partes condenadas , es decir el capitán del barco, Apostolos Mangouras y la compañía aseguradora The London Steamship Owners Mutual Insurance Association. El auto declara, además, responsable subsidiaria a la propietaria del buque Mare Shipping INC, y al Fondo Internacional de Indemnización de Daños debidos a la Contaminación por Hidrocarburos (Fidac). Pero, en opinión de la Fiscalía, va a a ser prácticamente imposible que el Estado español y el resto de beneficiarios vayan a percibir el total reconocido por la Justicia . De todos los actores que deberían pagar, sólo la aseguradora y el Fidac disponen de fondos y no llegan para hacer frente al total de indemnizaciones. La propia Justicia reconoce que The London Steamship Owners Mutual Insurance Association abonará como mucho un billón de dólares estadounidenses (847,8 millones de euros) y el límite del convenio con el Fondo de Compensación por Hidrocarburos llega a otros 180 millones. La suma de estas cantidades se podría repartir proporcionalmente entre los afectados.
Por el momento, sólo están disponibles 22,7 millones que la aseguradora había ya depositado, que se prorratearán entre los beneficiarios de las indemnizaciones. La Audiencia coruñesa especifica que embargará los bienes de la aseguradora en España, pero para lograr el resto del dinero los afectados por la marea negra tendrán que pleitear en la justicia británica . Las partes tienen de plazo hasta el próximo miércoles para interponer recurso ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra la resolución de la Audiencia.
La posibilidad de que el Estado español recuperase parte del dinero gastado en combatir la marea negra del Prestige se abrió en enero de 2016. Entonces el Tribunal Supremo decidió condenar al capitán Apostolos Mangouras por un delito medioambiental con agravante de deterioro catastrófico. Ampliaba así la pena impuesta en la sentencia dictada en noviembre de 2103 por la Audiencia coruñesa, que sólo lo había condenado a nueve meses por desobediencia al negarse a que remolcasen el barco.
Las indemnizaciones conocidas ayer se quedan muy lejos de las cantidades que reclamó la Fiscalía durante el juicio, que llegaban a 4.328 millones de euros para España y ascendían a un total de 4.442 millones si se incluían también los daños provocados al litoral francés.
Oposición
Los partidos de la oposición en el Parlamento gallego apelaron ayer a la cuantía reclamada por el fiscal para tachar de insuficiente las indemnizaciones establecidas por la Justicia. «La normativa vigente es claramente insuficiente para satisfacer todas las responsabilidades» , aseguró el portavoz de En Marea, Luís Villares, magistrado en excedencia. Para Villares, que queden 3.000 millones de euros en daños acreditados por la fiscalía que no se vayan a pagar «significa que a las empresas de transporte de petróleo les sale muy barato contaminar porque saben que de cada tres euros de responsabilidad solamente van a tener que pagar uno».
Desde el Partido Socialista de Galicia (PSdeG), mostraron su «perplejidad» por las indemnizaciones establecidas en el auto. «Sorprende en sentido negativo porque creíamos que la petición de la Fiscalía estaba bien fundamentada», subrayó su portavoz parlamentario, Xoaquín Fernández Leiceaga, para quien el «lapso de tiempo de 15 años entre la catástrofe y la resolución de la Audiencia Provincial resulta «excesivamente largo y demorado», haciendo que «una Justicia tan tardía pierda parte de su virtualidad».
De modo similar se expresó también ayer la parlamentaria del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Montse Prado. Para los nacionalistas el auto es «tardío e insuficiente» . La diputada aseguró que tras quince años del hundimiento del Prestige, Galicia «sigue indefensa» ante una nueva marea negra. Añadió que, además, la decisión judicial representa una nueva «burla» al pueblo gallego que «con sus propias manos tuvo que limpiar de chapapote las playas y costas».
Noticias relacionadas
