La jueza De Lara dicta una orden de alejamiento para proteger a una perra

La instructora prohibe que sus dueños se acerquen a menos de 500 metros del animal después de que se precipitase de un piso y sufriese graves lesiones

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara EFE

ABC.ES

La titular del juzgado de instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, ha dictado un auto en el que prohibe a los propietarios de una perra gravemente herida tras precipitarse al vacío desde un piso acercarse al animal a menos de 500 metros y les quita la guarda y custodia de la misma, además de imputar a la pareja como investigada por un supuesto delito de maltrato animal.

«El que maltrata a un animal también despliega su instinto agresivo contra una mujer, hijos, ancianos o personas que considere inferiores», sostiene la jueza en el auto. La pareja propietaria ha acudido esta mañana a los juzgados de Lugo, donde la jueza les ha comunicado su decisión.

Los dos miembros de la pareja investigada aseguraron que la caída de la perra se produjo de forma accidental, cuando ninguno de ellos estaba en casa, y defendieron que tratan a sus animales como los «hijos» que nunca tuvieron, hasta el punto de que se dirigían a la perra, que se llama Catalina, con el apellido de la familia.

El abogado de oficio que se ha hecho cargo de la defensa de la mujer, el letrado lucense Juan Carlos Fernández López-Abad, reconoció que todavía no ha tenido tiempo de repasar el proceso en profundidad, pero confirmó que el auto de la jueza, que consta de casi treinta páginas, está «muy bien fundamentado».

El letrado precisó que estamos ante un caso «peculiar» y en cuanto al auto de la magistrada, precisó que se trata de u na resolución en cierta medida «pionera», porque si bien «en otras comunidades» puede haber órdenes de alejamiento dictadas en relación con animales domésticos, en Galicia seguramente es la primera y más partiendo de este supuesto.

Cariño hacia el animal

López-Abad aseguró que el cariño de la familia hacia la perra es evidente, porque su clienta se «puso a llorar» cuando le notificaron la orden de alejamiento, de modo que «lo que es notorio no necesita prueba».

En este caso, precisó, «la jueza actuó de oficio, dentro de sus competencias», pero ahora la defensa estudiará la posibilidad de presentar recurso de apelación contra la decisión de la magistrada ante la Audiencia Provincial. Aunque aclaró que la investigación está todavía en una etapa muy inicial, precisó que "hay una testigo en el procedimiento, una vecina que vio que ellos salían de casa, que la perra se cayó y luego los vio llegar» de nuevo.

En cuanto al hecho de que acudiesen al hospital Rof Codina, a donde fue trasladado el animal para ser tratado de sus lesiones, para llevarse a la perra antes de que fuera sometida a las operaciones que necesitaba para sanar, precisó que su clienta declaró «que el hospital le había dado un presupuesto y no podía asumir el coste» de las intervenciones quirúrgicas.

«No hablamos de un derecho a la sanidad pública y universal como sucede con las personas», recordó el letrado

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