El Gobierno gallego expande el gasto social para afianzar el «crecimiento sano» en 2017

El Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, se deduce de sus mensajes, estira los pies lo suficiente como para no dejarlos fuera de la manta. El Consello de Goberno de la Xunta viene de aprobar el proyecto de ley de los presupuestos generales de la comunidad autónoma en 2017, el instrumento de financiación del autogobierno, que dispondrá de 9.059 millones para invertir —un 2,9% más que el año pasado, 259 millones superior— en su modelo de «crecimiento sano», basado en dos menos y dos más: menos impuestos, menos deuda; más gasto social y más inversiones. «Son unos presupuestos expansivos que trasladan a los gallegos los beneficios de la recuperación», definió el presidente, siempre amparándose en los criterios de la «prudencia» y la «responsabilidad» en las cuentas públicas.

Hoy serán presentados y detallados en profundidad en el Parlamento de Galicia, donde comenzará su tramitación hasta pasar por todos los filtros legales e institucionales que permitan su ejecución. A este respecto, el Ejecutivo prevé agotar el techo de gasto aprobado en la primera reunión celebrada después de haber tomado posesión. Estos presupuestos no incorporan la flexibilización del objetivo del déficit que el Estado comunicó el jueves a las autonomías en el Consejo General de Política Fiscal y Financiera, y que posibilitarían un margen añadido de 60 millones para financiar políticas públicas.

Al margen de ello, lo que sí es seguro es que Feijóo ha elegido tres prioridades para destinar los recursos: «blindar y reforzar los servicios públicos y el Estado del Bienestar, priorizar la recuperación económica y el empleo y consolidar la bajada de impuestos». De los 259 millones de euros extra que gastarán durante el próximo ejercicio, 229 (el 88%) van a focalizarse en el sostenimiento de la política social. Así, la partida de la sanidad pública experimentará un incremento de 100 millones, del mismo modo que la de la educación, con 64,2 millones.

El conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, ya había anunciado una subida de 32 millones para fomento del empleo; cifras que completó con 22 millones destinados a la Consellería de Política Social, comandada por José Manuel Rey Varela.

Incentivos

La Xunta considera que ha llegado la hora de repartir, de «encender las luces largas», después de años de ajustes y sacrificios, intención que no contrasta necesariamente con el discurso del control de la deuda y el rigor presupuestario. Con unas previsiones de crecimiento del 2,3% del PIB y un 15,6% de tasa de desempleo para el año que viene, Facenda aplicará nuevas «bajadas selectivas» de impuestos sin desviarse del camino de los ajustes. Según sus cálculos, Galicia cuenta con un endeudamiento «mesetado» 1.900 millones de euros inferior a la media. Es habitual, por otro lado, escuchar a Núñez Feijóo destacar que la Comunidad es la que menos incrementó su deuda de todas las españolas y que, gracias a apretarse el cinturón, las arcas públicas se ahorraron 120 millones en los últimos tres años.

Fundamentalmente, las medidas de gracia que contemplan directa o indirectamente los presupuestos se inyectarán en las áreas clave de la legislatura: el rural, el mar y los servicios de bienestar. Se aplicarán descensos en todos los impuestos autonómicos que tengan que ver con las aldeas para beneficiar a un grueso de 68.000 personas. Estratos como los menores de 34 años o los discapacitados quedarán exentos de pagar el impuesto de adquisición de fincas rurales o el de transmisión patrimonial. Incluso, la Xunta estudia cambiar el ámbito de aplicación del impuesto de adquisición de viviendas rurales a la parroquia para que alcance al 87 por ciento del territorio gallego.

Reordenar competencias

Otro de los movimientos de más significado político es del reparto por consellerías. Si en el anterior Consello Feijóo otorgó más competencias a Francisco Conde como responsable de Economía e Industria, vuelve a ser este departamento el que más fondos percibe. Le sigue la consellería de Mar, gestionada por Rosa Quintana. Una ley de acompañamiento dará luz verde a la disolución de varios entes y a la fundación de la Axencia Galega de Calidade Alimentaria. Decisiones todas ellas encaminadas a dar sentido a la «legislatura del rural». «Creemos que Galicia va a seguir prosperando, que no va a crecer a costa de los impuestos de los ciudadanos, ni a expensas de la deuda o las generaciones futuras», concluyó el titular del Gobierno gallego al final de la presentación.