El filtro contra estafas en pagas de invalidez sólo opera desde 2017

La estafa que el próximo lunes sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial de La Coruña a JR. C. M. y a MA. L. L., yerno e hija de un hombre fallecido en 1991 al que mantuvieron vivo a ojos de la Administración para seguir cobrando su paga de invalidez , sería hoy más difícil. Desde hace aproximadamente un año, apunta la Consellería de Política Social, la Dirección Xeral de Inclusión, responsable de la gestión de este tipo de pensiones no contributivas, efectúa cruces de datos con los registros civiles con el fin de verificar la validez de los documentos de fe de vida que anualmente presentan los beneficiarios para renovar sus prestaciones. «Actualmente se realizan cruces que impiden que se produzcan casos como el que nos ocupa» , indican fuentes del departamento autonómico.

Entre los deberes de los perceptores de pensiones no contributivas de invalidez, detalla Política Social, se encuentra el de presentar, antes del 31 de marzo de cada año, una declaración de los ingresos o rentas de la unidad económica de convivencia, referida al año inmediatamente anterior, así como las posibles variaciones y previsiones relativas al año en curso, y en la que además figura un apartado en el que se recoge una diligencia a cubrir por la Administración o una fe de vida expedida por el Registro Civil.

En el caso de los dos acusados citados el lunes en la Audiencia —el juicio tuvo que aplazarse el pasado día 2 porque la acusada se encontraba en el hospital—, el engaño se mantuvo desde abril de 1991, cuando falleció el padre de familia, hasta el año 2014 , cuando un requerimiento de la Consellería destapó más de dos décadas de engaño.

Según consta en el escrito de la Fiscalía, en repetidas ocasiones los acusados realizaron la renovación anual de la prestación, rellenando de su puño y letra el formulario de la declaración anual de rentas o ingresos y falsificando la firma del fallecido. El escrito se acompañaba de la correspondiente fe de vida sin que, apunta la Fiscalía, «haya resultado acreditado si el documento fue efectivamente expedido por el Registro Civil (ante la sola exigencia de tal fecha de presentar el DNI del beneficiario y la presencia de dos testigos) o bien fue confeccionado por los acusados».

Dicho proceder se acreditó para los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013 y se presume para el periodo 2004-2009, en el que el expurgo de los expedientes, ha impedido a los investigadores localizar los documentos registrados. En total, los dos acusados y la esposa del fallecido —ella murió en 2015— cobraron indebidamente 67.800,26 euros , ingresados puntualmente por la Xunta en la cuenta bancaria que compartían el pensionista y su esposa. Los acusados se enfrentan a penas de 3 y 2,7 años de prisión, además de a la devolución del importe estafado.