Feijóo pone en entredicho la independencia judicial de Villares

Asociaciones de jueces creen que la imparcialidad del líder de En Marea podría ser cuestionada en el futuro

Feijóo y Villares (en primer plano), en el Parlamento MIGUEL MUÑIZ
Mario Nespereira

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El respaldo de Luís Villares al referéndum ilegal de Cataluña va más allá de un pronunciamiento político. En su caso, puede acarrear consecuencias a su carrera de magistrado, ahora en situación de excedencia. El apoyo del portavoz de En Marea a un procedimiento que va en contra de la Constitución tuvo su eco ayer en la primera sesión de control del curso parlamentario. Alberto Núñez Feijóo reprochó al rupturista sus escarceos con los planes del secesionismo, para a continuación atacar con dureza su credibilidad judicial . «Espero que no vuelva a dictar nunca más una sentencia en Galicia» , afirmó.

Las críticas del presidente de la Xunta hacia la carrera del lucense son comunes en el Pazo de O Hórreo, aunque pocas veces se produjeron de una forma tan explícita. En su turno de cierre, tras una pregunta sobre las medidas contra la precariedad laboral, Feijóo comenzó a horadar en el compromiso de Villares hacia los trabajadores. «Lo primero que hizo fue hablar de la condición laboral, pero la de usted» . Se refería el jefe del Ejecutivo autonómico a los problemas de la confluencia para elaborar una carta económica acorde con la pérdida de poder adquisitivo de Villares, magistrado de la Sala del Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) cuando decidió entrar en política.

Ese pasado con toga, al que se le presume su impecable respeto por el marco constitucional, es que el utilizó Feijóo para censurar el acercamiento de Villares al independentismo. El pasado lunes el líder de En Marea viajó a Barcelona para participar en los actos de la Diada, como el celebrado por el partido de Ada Colau, bajo un lema en defensa de la soberanía de Cataluña. Allí subrayó que «la gente tiene derecho a decidirlo todo, también su forma de organización y el proyecto político de convivencia» . Valoración que no comparte el Tribunal Constitucional. Antes de que Villares acudiera a Barcelona, la Ley de Referédum aprobada por el secesionismo en el Parlament —por vía de urgencia y contra el criterio del letrado mayor de la Cámara— había sido suspendida por el Alto Tribunal.

El PP trata de sacar partido a todas las contradicciones. Al cambio de postura de una persona que antes de iniciar su periplo en política, a finales de abril de 2016, confesó para ABC que su único compromiso era con la Carta Magna. «Yo no reniego de la Constitución porque creo que defiende unos valores muy positivos», manifestó entonces. Ahora, la misma persona se suma a las tesis del derecho a decidir, y eso levanta suspicacias entre los populares. «Como no acata las sentencias de los tribunales, ¿qué le parece si los gallegos no acatamos nunca las sentencias que puede llegar a dictar?», embistió Feijóo.

La opinión es la misma que en el seno del grupo parlamentario popular. Su viceportavoz, Paula Prado, lo tiene claro: «Una de dos, o Villares ya ha renunciado a su carrera judicial o lo está haciendo por la vía de los hechos consumados . Un juez que no respeta la Constitución, es un juez que puede ser objeto de una recusación».

Asociaciones judiciales

Los expertos relatan que las palabras del portavoz de En Marea están amparadas por la libertad de expresión, y protegidas por su condición de parlamentario. El problema es el futuro: el día después de su posible incorporación a la administración de justicia. Entonces, sostienen varios miembros de asociaciones judiciales consultados por este diario, su independencia se pondrá bajo lupa y el riesgo de ser recusado tendrá visos de multiplicarse . Aseguran que las afirmaciones de Villares, poniéndose del lado del independentismo, no suponen precisamente un «modelo de finura jurídica», sobre todo a sabiendas de que proceden de una persona con una trayectoria consolidada.

Las mismas fuentes explican que la posición del líder de En Marea respecto a Cataluña no tiene por qué significar un obstáculo en su regreso a la justicia. En el caso concreto de ayer, se trata de una refriega parlamentaria que atañe única y exclusivamente a su tarea como político. Solo una aplicación estricta de la ley, agregan, podría suponer para Villares la apertura de un expediente sancionador incoado de oficio por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sin embargo, detallan que esas declaraciones le hacen caminar por «una senda» hacia la cual se «ponga en entredicho su imparcialidad para dictar determinadas resoluciones».

El suyo podría tratarse de un ejemplo de «puertas giratorias» : un debate muy recurrente entre las plataformas que representan a los jueces. La Asociación Profesional de la Magistratura es una de ellas. En los últimos tiempos ha reclamando una regulación exhaustiva para este tipo de casos. Un código que oriente «las condiciones y las circunstancias» en las que un juez debe regresar de nuevo a su plaza.

En el polo opuesto se sitúa Jueces para la Democracia. Villares fue su portavoz en Galicia y trabajó codo con codo con Xermán Varela, la actual cara visible. Varela cree que el respaldo del rupturista al referéndum no tiene por qué desembocar «en ningún tipo de consecuencia» contra alguien a quien califica de «amigo». El responsable de los jueces progresistas en la Comunidad lo encuadra todo dentro de «una manifestación política» . «Puede decir lo que considere oportuno» , añade.

Defiende que todos los magistrados, aún estando en ejercicio, tienen derecho a expresar todo tipo de opiniones, mientras sus sentencias se basen siempre en el contenido de la ley: «No estamos obligados a compartir las leyes», matiza. Sobr e la actitud de Villares en un potencial regreso a los tribunales, Varela declara no tener «ningún tipo de duda» de que «se sometería a las decisiones del Tribunal Constitucional y de todos los textos legales». En la jornada de ayer, ABC trató de recabar la versión del líder de En Marea, pero declinó hacer valoraciones al respecto.

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