POLÉMICA
Los expertos se muestran «optimistas» sobre el regreso del Pazo de Meirás a manos públicas
La Diputación de La Coruña difundirá esta semana otro informe que abrirá vías «sólidas» para su recuperación a través de los tribunales
No van a tener fácil los Franco la venta del Pazo de Meirás , no ya por encontrar o no comprador para tan simbólico inmueble, sino por el cerco que las administraciones gallegas estrechan poco a poco para que revierta a manos púbicas. Dos son los frentes abiertos, una comisión de expertos creada a instancia de la Xunta de Galicia, y otra dentro de la Diputación de La Coruña , más de ámbito local. El presidente de la primera, el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago (USC), José María Núñez Seixas, se ha mostrado este lunes «moderadamente optimista» ante las vías existentes que permitan recuperar Meirás. En una línea similar, la presidenta de la Diputación, Goretti Sanmartín, ha avanzado que esta semana presentará un informe jurídico que avala «un camino sólido» para desposeer a los Franco de la que durante cuarenta años fue residencia de verano del dictador.
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«Somos moderadamente optimistas , pero antes de embarcarnos, de recomendar a las instituciones públicas que se embarquen en la vía judicial hay que fundamentar muy bien los supuestos», ha señalado Núñez Seixas. Por el momento no ha trascendido el itinerario a seguir, porque antes de hacerlo público, la intención de los expertos de la Xunta —entre los que hay registadores, notarios, historiadores o juristas— es analizar todos los supuestos que pueden presentarse en el proceso, y disponer de soluciones para cada uno de ellos. En la reunión mantenida esta tarde, han acordado solicitar al Gobierno que aporte a la comisión un representante de la Abogacía del Estado.
El comité de expertos de la Xunta ha solicitado al Gobierno que aporte un representante de la Abogacía del Estado
Uno y otro comité —que se coordinarán cuando llegue el momento de adoptar las acciones legales que se decidan, según un consenso alcanzado esta tarde— exploran los posibles vicios de nulidad en la adquisición de la propiedad de Meirás , no tanto por la propia familia Franco, sino por la Junta pro Pazo, formada por notables coruñeses, que en 1938 realizó una cuestación entre la sociedad coruñesa para obtener fondos y comprar el inmueble a los herederos de Emilia Pardo Bazán. Sobre la voluntariedad con la que los ciudadanos participaron de esa suscripción popular hay enormes dudas. Del mismo modo, las fincas colindantes con el Pazo fueron expropiadas de manera dudosa para ampliar los terrenos de la parcela . Sobre este segundo procedimiento hay más garantías de éxito, según ha explicado Núñez Seixas.
La comisión de expertos, no obstante, evita dar más detalles «para no mostrar nuestras cartas» y facilitar la defensa de la familia Franco. «Sería contraproducente», ha recononocido el profesor de la USC, pero «sí existe alguna vía» —principalmente en el orden civil— para recuperar Meirás «y estamos en la construcción legal y factual de esas vías» . Este grupo de trabajo evita dar plazos y confía en tener su hoja de ruta «en algunas semanas», siempre siguiendo el mandato del Parlamento de Galicia que impone que la reversión a patrimonio público debe hacerse a coste cero para los ciudadanos.
No importa la venta
Núñez Seixas ha restado importancia al anuncio de la venta del Pazo, ya que al ser un inmueble catalogado como Bien de Interés Cultural, en el momento en el que aparezca un posible comprador, según la legislación autonómica la Xunta tiene tres meses para decidir si ejerce o no su derecho de tanteo y retracto, por lo que no ve preocupantes los plazos.
Quien sí hará público su informe jurídico será la Diputación coruñesa, según adelantó este lunes por la mañana Goretti Sanmartín. «Se está trabajando de manera sólida y contundente en la vía jurídica para que el Pazo pase a ser un bien público y que sea exitosa . No estamos hablando de declaraciones de intereses o de voluntad, sino de una vía que se pueda materializar y consiga sus objetivos», recoge el citado informe, aunque su contenido no se dará a conocer hasta el próximo jueves. Además, la Diputación elaborará un documento que hará llegar a cualquier posible comprador para que sea consciente de las implicaciones derivadas de la adquisición de Meirás.
El PP reitera a los Franco que la salida óptima es asumir «en qué condiciones adquirieron» el Pazo, «y como forma de reconocimiento de que esas no son maneras, simplemente lo devolviesen» a Galicia
No hay fisuras entre los partidos políticos a la hora de reclamar la devolución del Pazo de Meirás. Este lunes se pronunció el portavoz parlamentario del PP gallego, Pedro Puy, que invitó de nuevo a los Franco a que reconsideren su posición. A su juicio, la solución pasa por que «la familia (Franco) asuma en qué condiciones fue adquirido ese bien y como forma de reconocimiento de que esas no son maneras de adquirir un bien, y además hacer negocio con él, simplemente lo devolviesen a la población gallega» . «Esa sería la forma más sencilla», subrayó Pedro Puy, y añadió que «dado que parece que no están por esa labor, pues habrá que analizar las otras fórmulas jurídicas que permitan la recuperación para lo público de ese pazo».
Estatuas de ida y vuelta
En paralelo a la polémica por Meirás, los Franco se enfrentan a otra reclamación, la que el Ayuntamiento de Santiago efectúa de dos esculturas del Maestro Mateo que la familia guardaba en el Pazo. Las circunstancias aquí son diferentes, dado que el consistorio compostelano posee un título de propiedad de estas estatuas —que en su día formaron en la fachada románica de la Catedral— y ya inició en su día un procedimiento judicial para reclamarlas. El fallecimiento de Carmen Franco obligó a reiniciarlo.
Las estatuas llevan varios meses fuera de Meirás, formando parte de una exposición sobre el Maestro Mateo que se vio por primera vez en el Museo del Prado y hasta hace unos días se exhibía en el Palacio de Xelmírez de Compostela. El Ayuntamiento, siguiendo indicaciones de su asesoría jurídica, no solicitó al juez medidas cautelares para que las estatutas no saliesen de la ciudad , entendiendo que el procedimiento de declararlas BIC —iniciado por la Xunta hace pocas semanas— impide de facto que puedan deteriorarse o sacarse del país, a lo que se añade el hecho de que los Franco las han cedido siempre que les han sido solicitadas.
