Entrevista al Director xeral de Justicia
Juan José Martín: «Que los jueces digan cuáles son los servicios mínimos»
El responsable de Justicia lamenta la falta de voluntad de diálogo en los trabajadores y que su única reclamación sea de dinero.
Con la huelga en la justicia camino de las dos semanas y las negociaciones entre Xunta y sindicatos bloqueadas, el responsable del departamento en la administración gallega lamenta la falta de voluntad de diálogo en los trabajadores y que su única reclamación sea de dinero.
—¿Y ahora, qué?
—Manifestar nuestra voluntad de negociar. Esta semana entre lunes y martes estuvimos quince horas, en las que vimos un bloqueo del comité de huelga. Aquello era un simulacro de negociación. Ya tenían preparada la manifestación del sábado y no les interesaba negociar. Tuvimos en algunos puntos de los que plantean una aproximación plena durante las reuniones de enero, y ahora intentan negarlo. Este secuestro de la negociación no es que afecte ya a la justicia y los ciudadanos, sino también a los propios funcionarios. Los están llevando a unos descuentos salariales por día de huelga que son inéditos en Galicia.
—¿No son suficientes las medidas laborales además de las subidas salariales que plantea la Xunta?
—Son las medidas laborales que nos han pedido, dentro de nuestras capacidades. Hemos logrado aproximarnos en tres puntos, y a mayores, aunque se han puesto de perfil, se les ha ofrecido algo que para mí es muy valioso: meterles en la Ley de Empleo Público de Galicia para disfrutar de la bajas de maternidad y paternidad del resto de funcionarios de la Xunta. Y luego el tema de violencia de género: crearemos en algunos juzgados plazas con una productividad específica. Además, vamos a crear también plazas de psicólogos para atender a las víctimas, laborales fijos, una en cada una de las siete ciudades. Pero todo acaba siendo un embudo y confluye hacia el tema salarial.
—Los sindicatos exigen que se les conceda la subida que demandan, ¿pero han perdido tanto poder adquisitivo durante la crisis?
—No. En un esquema de cuerpos nacionales, en el que el grueso de sus retribuciones están determinadas por el Estado —aunque las paga la Xunta—, hay un complemento que varía en función de la Comunidad. En ese esquema, el poder adquisitivo es el de todo el funcionariado, no hay privilegiados. La crisis les ha afectado a todos los trabajadores. Lo que sí hay es que ser funcionario da unas garantías de permanecer en tu puesto que no hay en la empresa privada. Ellos hablan de discriminación, porque en País Vasco o Navarra hay un complemento mayor. Pues sí, y también en Madrid. Pero con esta subida que planteamos, que es discriminada según categoría, los situamos por encima de Valencia, Cataluña o La Rioja. Estarán por encima de la media.
—Han pedido cambiar de interlocutor por parte de la Xunta.
—Cada parte elige a quien considera oportuno para negociar. Es como si nosotros pidiéramos otro comité de huelga. Después de cuatro mejoras de la propuesta inicial, ya el presidente de la Xunta dijo que esta era a la que podíamos llegar. Es una oferta buena, generosa y que encaja dentro de la legalidad. Los salarios de la función pública deben observar los Presupuestos del Estado. Cada administración tiene que acomodarse a la legislación básica vigente. Madrid firmó un acuerdo el año pasado y está impugnado en tribunales por el Ministerio de Hacienda, y hay otro de Asturias de diciembre que correrá la misma suerte.
—¿Se están cumpliendo los servicios mínimos?
—Se está cumpliendo la presencia física de los servicios mínimos. Otra cuestión es que hay quejas, que nos han llegado del CGPJ, por cuestiones que quienes están en servicios mínimos niegan a la ciudadanía que algunos actos tengan esa cobertura. Y eso, en muchos casos, lo pongo en duda. Invito que sean los jueces y los letrados a quienes se les plantee esa cuestión y la resuelvan.
—¿Es posible una mediación?
—La mediación no es posible en la función pública. La ley gallega lo limita solo al personal laboral, no al funcionario. No cabe la mediación. De todas formas, los principios de la mediación no fuerzan un arreglo. Otra cosa sería un laudo arbitral, que es una sentencia. Un mediador da posibles soluciones, estimulando acuerdos.
—¿Y un árbitro?
—La ley no lo permite.
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