Los investigadores del caso, durante el registro practicado en la vivienda de uno de los acusados, el pasado 21 de enero
Los investigadores del caso, durante el registro practicado en la vivienda de uno de los acusados, el pasado 21 de enero - EFE
GALICIA

Así detectó la juez el falso suicidio en la comisaría de Orense que destapó la trama homicida de dos policías

Los informes de balística y forense revelaron que el supuesto suicida no se quitó la vida, sino que fue víctima de un homicidio calculado por agentes que evitaron ser captados por las cámaras de la sede policial

SANTIAGOActualizado:

Todo hacía creer que se trataba de un suicidio. El agente de la Policía Nacional de la comisaría de Orense, Celso Blanco, se quitaba la vida en abril de 2016 con una de las seis pistolas robadas del búnker de esta sede policial meses atrás, e instantes antes enviaba un correo electrónico a algunos compañeros asumiendo toda la responsabilidad por la sustracción. Era el cierre perfecto para un robo de armas que había sacudido la comisaría y que, premeditadamente, había trascendido a los medios de comunicación locales. Pero el suicidio no era sino una fabricación que suscitó la sospecha de la juez de instrucción nº3 de Orense, Eva Armesto, y el pormenorizado análisis forense y balístico le acabó por dar la razón. Detrás de este crimen, supuestamente, dos hermanos, los agentes Bernardo y Roi D. L., que fraguaron esta trama para encubrir una venganza profesional.

El viento no soplaba a favor de la instructora, puesto que Asuntos Internos consideraba que el escenario del suicidio ponía fin a la denominada «operación Zamburiña», por la que se investigaba el robo de las citadas seis pistolas dentro de una trama corrupta de policías que usaba las armas para pagar a confidentes del mundo del narcotráfico. Pero Armesto consideró que «el juez de instrucción no debe ser un convalidador de la valoración policial», sino que «ha de valorar objetivamente los elementos aportados, distinguiendo lo que son opiniones de los agentes, de lo que son circunstancias objetivas». Y los análisis forenses desmentían la primera —y simplista— versión de Asuntos Internos.

Las primeras dudas razonables surgieron en el escenario del teórico suicidio. La pistola con la que el agente Celso Blanco se quitó la vida presentaba una anomalía rara: un arma de esas características, sin cargador, no podía quedar con la corredera hacia atrás, como ocurría en este caso. Además, las distintas periciales consideran que el cargador de la pistola fue extraído después de la muerte, algo que por lógica obliga a la participación de una tercera persona en el hipotético suicidio. Pero es que, según consta en el sumario de la causa, «la distancia del disparo y su trayectoria abundan en el carácter homicida de la muerte».

Hay más «hechos objetivos»: el cadáver no presenta ninguna marca de golpe posterior a la muerte, que sería lo lógico si, tras el disparo, la cabeza hubiera caído sobre la mesa del despacho. A mayores, las manchas identificadas en la mano que empuñaba la pistola cuando el cuerpo fue identificado no se correspondían con las propias de un disparo de estas características. De hecho, el sumario habla incluso de «manipulación de la mano izquierda y de los brazos» para prefabricar el escenario del crimen. Las dudas quedan despejadas: la juez ve inmediatamente respaldadas sus sospechas.

Anónimos desde comisaría

La investigación judicial aparcó las primeras conclusiones que otro juzgado de la misma ciudad había dado por buenas meses atrás, avalando la investigación de Asuntos Internos. Así, la instructora plasma en el sumario —al que ha tenido acceso ABC— cómo los dos hermanos acusados se valieron de una tablet para personal para enviar a Asuntos Internos y los medios de comunicación sendos anónimos elaborados desde el aula de informática de la comisaría, en la quinta planta, en la que vinculaban la sustracción de las armas —que la juez les atribuye a ellos— con una supuesta trama de agentes corruptos, que de este modo pagaba favores a narcotraficantes de la ciudad.

En estos anónimos se acusaba también a la unidad antidroga de la comisaría de filtrar a los narcos información privada de policías, como matrículas de coches o direcciones particulares. La instructora considera probado que estos datos fueron obtenidos por los acusados a través del sistema interno del centro, pero valiéndose de las claves de otros compañeros, posteriormente señalados en los anónimos y en la investigación de Asuntos Internos.

Pero la juez también necesitaba situar a los supuestos autores del falso suicidio de Celso Blanco en la comisaría en el momento del crimen. En el sumario se habla de «indicios racionales de participación». A Roi D. L. no lo captan las cámaras de seguridad de la comisaría porquer aparcó su coche «en el único lugar no visualizado» por el sistema de vigilancia, precisamente en las inmediaciones de «una puerta de escaso tamaño (...) que da acceso a una cámara o pasadizo desde la que es posible el acceso (...) a las dependencias de la comisaría».

El hecho de que no se produjera forcejeo antes del disparo que acabó con la vida de Celso Blanco se debe, según la juez, a la «relación de confianza» que el fallecido mantenía con Roi D. L.. «A eso cabe añadir la posibilidad del ADN hallado en el arma» que produjo la muerte del agente Blanco «con familiares dentro del tercer o cuarto grado de Roi y Bernardo», añade el sumario.

Y todo esto motivado por los celos profesionales de los hermanos respecto a otros compañeros, cuya tasa de efectividad en investigaciones sobre temas de narcotráfico en la ciudad estaría dejando sus unidades en mal lugar dentro de la propia comisaría, según explicaron a ABC fuentes de este centro. Tras su detención el pasado 21 de enero y el registro de sus domicilios, la juez los puso en libertad bajo fianza. Les imputa la ejecución «de forma conjunta y planificada» de los delitos de robo con fuerza, tenencia ilícita de armas, revelación de secretos, simulación de delito, acusación o denuncia falsa, injurias y calumnias y el homicidio de Celso Blanco.