Cortabitarte niega que fuera avisado de riesgos en la curva de Angrois

El ex responsable de Seguridad en la Circulación de Adif Andrés Cortabitarte, investigado por la tragedia del Alvia, ha decidido recurrir el auto por el que la semana pasada fue imputado por supuestos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave. Su defensa niega que fuese avisado del riesgo de descarrilamiento en la curva de Angrois y descarga sobre otros organismos y departamentos responsabilidades que el titular del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Santiago, Andrés Lago Louro, le había asignado.

Cortabitarte fue imputado después de que el magistrado concluyera que Adif no evaluó ni corrigió el peligro de descarrilamiento a pesar de que así se habría comunicado por parte de la UTE (Unión Temporal de Empresas) que construyó la línea Orense-Compostela.

El acusado, cuya declaración estaba prevista para este jueves pero que se pospuso a abril por motivos médicos, refuta esa afirmación pues –según el recurso al que ha tenido acceso Ep– «lo que la UTE señaló fue un riesgo de descarrilamiento en toda la línea derivado de no respetar el cuadro de velocidades máximas, peligro que fue evaluado como un riesgo residual aceptado».

En el momento en el que el tren se salió de la vía, con 80 muertos y 144 heridos, el Alvia circulaba al doble de la velocidad autorizada como consecuencia de un despiste del maquinista, imputado también en este caso. Vinculado a lo anterior, la defensa de Cortabitarte expone que la UTE «no reflejó la curva de Angrois (ni ninguna otra) en el registro de peligros» y que «por tanto, el Ineco no evaluó ningún peligro en dicha curva, ergo no puede considerarse intolerable». Por eso, contradice la idea de que Adif tuviera que «decidir qué medidas han de adoptarse para mitigar dichos riesgos hasta hacerlos tolerables» pues «los riesgos exportados a Adif ya tenían que ser mitigados y hechos tolerables» por el propio Ineco.

Pruebas y apertura

Sostiene que la línea del siniestro disponía «desde su puesta en servicio de todos y cada uno de los dispositivos de seguridad exigibles» y recuerda, en cualquier caso, que para la inauguración de una línea es «competencia de la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento la comprobación de que los subsistemas que integran el sistema ferroviario se explotan y se mantienen de conformidad con los requisitos esenciales pertinentes». Esta competencia, subraya el recurso, «no puede delegarse ni atribuirse a ningún administrador de la infraestructura, empresa ferroviaria o entidad adjudicadora». También afirma que Adif «a través de su Dirección de Proyectos Funcionales, Verificación y Puesta en Servicio, realiza pruebas de seguridad».