La Cámara pide celeridad para aplicar el pacto estatal contra la violencia machista
Unanimidad en los partidos para que las doscientas medidas del acuerdo sean una realidad en el corto plazo
Feijóo defiende un aumento del 91% en las partidas de igualdad y critica al BNG por monopolizar el discurso feminista
Solo algunos aldabonazos propios del partidismo amenazaron con distraer ayer a la Cámara de lo esencial: la lucha de todos contra la violencia de género . El pleno del Legislativo autonómico aprobó por unanimidad una iniciativa para aplicar cuanto antes los puntos cardinales del Pacto de Estado contra la Violencia de Género . El texto, propuesto por los socialistas pero retocado con las aportaciones del grupo popular, explicita la necesidad de mejorar la colaboración con las entidades locales y reforzar la protección de los eslabones más débiles de la cadena, que este caso son las mujeres maltratadas y sus hijos.
El acuerdo, aprobado ya en el Congreso de los Diputados con la abstención de Unidos Podemos, incluye más de doscientas medidas —y un presupuesto que oscila los 1.000 millones de euros — para paliar las agresiones en el ámbito doméstico y de pareja. Entre ellas, se reconoce como víctimas a las mujeres cuyos hijos fueron asesinados a manos de sus compañeros sentimentales y se aboga por mejorar la formación específica de los profesionales sanitarios. Ahora falta por concretar los plazos de su puesta en marcha, pero depende en gran medida de la capacidad del Gobierno de Rajoy de sacar adelante las cuentas del 2018.
Eso en Madrid, porque en Santiago la sesión ordinaria en O Hórreo se empapó de debates e iniciativas previas a la conmemoración, el próximo sábado, del Día Internacional contra la Violencia de Género. Comenzó abriendo la jornada la portavoz del BNG, Ana Pontón, con un intento de equiparar la reacción contra los asesinatos machistas con la repulsa generalizada que despierta el terrorismo. «¿Qué pasaría si en diez días asesinasen a cuatro diputados e intentasen matar a otros tres?, ¿cuál sería la respuesta de la Xunta y el Estado?», planteó Pontón, que obtuvo el eco de su reflexión en la respuesta del presidente de la Xunta: «¿Los asesinatos de mujeres pueden asimilarse a los delitos de terrorismo? En mi opinión, sí».
El careo entre ambos deparó algunos momentos de tensión , como cuando el popular conminó a la líder nacionalista a posicionarse en el tablero: «Solo hay dos bandos, el de los asesinos y los maltratadores, y el de las mujeres; usted dígame de qué lado está», le espetó. Pontón, tras reclamar sin éxito una rectificación in situ, decidió elevar un recurso de amparo a la Mesa del Parlamento por una frase que, según el escrito registrado por el Bloque, «no es admisible, ni tolerable».
El resto del pulso entre Feijóo y Pontón fue un preludio de lo que posteriormente iba a abordarse: los recursos destinados a la igualdad y la polémica campaña de la Xunta para el 25-N. El BNG propuso destinar un 1% del Orzamento a políticas contra la violencia de género —unos 90 millones de euros— y crear una unidad adherida a la dirección xeral de Xustiza para espolear la aplicación de la legislación autonómica. El presidente no rehuyó las cifras: al contrario, defendió que desde su llegada al Gobierno en 2009 las partidas habían engordado un 91%. Fue durante una réplica en la que acabó recordando al nacionalismo que «el monopolio de la defensa de la mujer» no es ni suyo, ni tampoco único. «El patrimonio del sentimiento y del compromiso social no es un patrimonio que se le pueda negar a nadie, y mucho menos al presidente de la Xunta» , zanjó.
Las campañas
Que la oposición iba a sacar a relucir la campaña del Gobierno gallego para azuzar la polémica estaba en el guión. Y así fue. Después de que Pontón asegurara que las mujeres «no somos patrimonio» , la diputada de En Marea, Paula Quinteiro, desdeñó la iniciativa por creer que «cosifica» a la mujer y potencia «los roles de género».
Nada más lejos, reaccionó la Xunta por boca de su vicepresidente. Alfonso Rueda defendió que la cartelería, que lleva por lema «As mulleres o máis grande Galicia», no persigue otra meta que «concienciar» a la población de un problema que consideró «escalofriante». Más allá fue la viceportavoz del grupo popular, Paula Prado, que cargó directamente contra la campaña «Compostela en Negro», promovida por el ayuntamiento de la capital. La parlamentaria afeó al gobierno populista de Martiño Noriega que empleara sus fondo «en campañas de publicidad», y no en ayudas periódicas para las víctimas» .
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