Acusan a dos guardias civiles de élite de ser «topos» de los narcos

Dos agentes de la Guardia Civil de Pontevedra destinados a la lucha contra el narcotráfico se sentarán en el banquillo de los acusados por su presunta implicación con las bandas de narcos que actúan desde la Comunidad. Según el fiscal del caso, estos dos efectivos se valieron de su puesto dentro de una unidad especializada para convertirse en «topos» de los traficantes y pasarles datos vitales sobre los seguimientos a los que estos eran sometidos. El Ministerio Público también indica que al pertenecer a un grupo «de élite» los guardias tenían acceso a información privilegiada que más tarde trasladaban, presuntamente, a los mismos narcos contra los que luchaban. En concreto, se cree que los dos acusados facilitaron a las bandas encargadas de mover la droga en Galicia «fotografías, material informático con datos relativos a las pesquisas, actuaciones judiciales decretadas secretas, los vehículos que estaban siendo vigilados e incluso un listado con los datos personales de otros agentes del Instituto Armado y de sus confidentes».

Los dos están acusados de un delito de revelación continuada de secretos en concurso medial, de encubrimiento, y de atentar contra la intimidad. En este caso, además, por tratarse de una confidencialidad que afectaba a funcionarios públicos y de hacerlo para organizaciones criminales «es todavía más grave». Por estos delitos, los dos guardias de Pontevedra se enfrentan a una petición de once años y medio de prisión, por parte del fiscal antidroga Luis Uriarte. En el caso de que el tribunal no aprecie el segundo de los delitos, la Fiscalía les imputaría el de integración a un grupo criminal, por lo que ambos agentes se exponen a una petición de prisión de seis años, según el escrito.

Un tercer implicado

La causa incluye a una tercera persona, a quien el fiscal conecta «policialmente» con el narco. Ahondando en esta posibilidad, la Fiscalía apunta que actuaría de enlace entre los dos agentes acusados y los grupos de narcotraficantes, relación por la que podría cumplir siete años de cárcel. Los tres señalados habrían operado de forma estable «al menos entre febrero y julio de 2013» obteniendo información secreta que era revelada a terceras personas para alertarles de las investigaciones.