Una empresa alemana, en el punto de mira por explotación laboral

El tedio al que muchas empresas de telemarketing someten a sus clientes puede volverse en contra de una compañía especializada en este campo, aunque por una cuestión totalmente distinta. Un juzgado de Dénia (Alicante) investiga una denuncia por supuesta explotación laboral en una empresa domiciliada en Alemania que contrató a varios trabajadores para buscar clientes por teléfono a los que debían convencer de que cambiasen de compañías suministradoras de energía.

Así se recoge en un auto del Tribunal Supremo, al que ha tenido acceso EFE, que asigna la competencia de las pesquisas al juzgado dianense, aunque éste había planteado que la causa correspondía a otro órgano.

El juzgado de Instrucción 2 de Dénia abrió diligencias después de que la Policía Nacional le remitiese un atestado donde constaba la denuncia de una ciudadana alemana que manifestaba haber sido víctima de una estafa y de un caso de explotación laboral.

La denunciante aseguró que contactó con unos compatriotas en julio de 2014 que le ofrecieron un empleo en España por el que cobraría 1.800 euros al mes, trabajo para el que realizó unas pruebas durante un mes en una empresa en Alemania.

Aunque no firmó ningún contrato, de su testimonio se desprende que viajó a España en furgoneta con su jefe, la mujer, el hijo de éste y otros tres trabajadores que también habían superado el periodo de prueba.

Llegaron a la localidad alicantina de Guardamar del Segura y se dirigieron a un piso del que solo tenían llaves el jefe y su hijo, y, a partir de ese momento, siempre según la denuncia, unas veinticuatro personas comenzaron a trabajar en una oficina próxima.

La víctima sostiene que trabajaba de lunes a viernes de 10 a 19 horas, así como los sábados de 10 a 15 horas -alrededor de 50 horas semanales-, periodo en el que solo tenía media hora para ir al baño y comer lo que haya podido traer de casa.

También contó a la Policía que la oficina estaba cerrada por dentro y no podía abandonarla bajo ningún concepto, que estaba siempre «vigilada» por sus jefes y que, incluso, éstos presuntamente amenazaban a los empleados con pegarles si incumplían sus normas y con buscarlos si trataban de escapar.

Ella relató que pudo huir de la organización, según recoge el auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, y denunció la situación en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía.

El alto tribunal recoge que el juzgado de Dénia planteó mal la cuestión de competencia, pues se inhibió de la causa por error a favor de otro juzgado de la localidad murciana de Molina de Segura, cuando la joven afirmaba haber estado encerrada en Guardamar del Segura, en la comarca alicantina de la Vega Baja.