El Consell rectifica y no impondrá la tasa turística en 2017 si el sector la rechaza

El presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, se comprometió ayer en Alicante a que no planteará imponer una tasa turística en la Comunidad Valencianasi finalmente el sector lo rechaza.

Tras aclarar que ese hipotético impuesto no estará listo en 2016, al no haber entrado en los presupuestos autonómicos, declaró que este asunto será sometido a diálogo el próximo año, consciente de que las cuestiones que afectan a la fiscalidad tienen «enormes aristas». El reto, en palabras de Puig, es discutir con el sector turístico «qué estrategia compartimos y cómo la financiamos».

Además, situó esta iniciativa dentro del contexto actual de déficit de financiación autonómica, que convierte a la Generalitat en «inviable». En este contexto, Puig aseguró que el propio Ministerio de Hacienda le ha aconsejado revisar al alza la fiscalidad propia para aprovechar al máximo el «espacio fiscal propio», lo que tradujo en equiparar los tipos de los tributos propios, «al menos al nivel de Murcia».

En cuanto a la infrafinanciación, expresó su convicción en que el modelo de financiación será cambiado el próximo año a beneficio, entre otras cuestiones, del sector turístico. En cuanto a esta visita de ayer a Alicante, indicó que se ha marcado el propósito de «reforzar la presencia del Consell» en la provincia para «coser» la Comunidad, y tildó de «normal» que en los primeros meses los consellers se hayan dedicado a «tomar posición» y empezar a desarrollar sus proyectos dentro de un «trabajo interno». No obstante, no acudió al foro empresarial donde se presentó el informe del impacto económico de la zona franca en el puerto de Alicante por cuestiones de agenda, al recibir la invitación dos días antes.

La tasa que ayer Ximo Puig se comprometió a frenar si el sector así lo demandaba podría llegar tras una de las mejores temporadas turísticas de la historia en la Comunidad Valencia. Solo en verano, hasta diez millones de pernoctaciones podrían verse amenazadas por el gravamen, que muchos hoteleros ya tildaron de «discriminatoria».