Los vecinos afectados por los terremotos exigen el desmantelamiento del Castor

«Los terremotos nos marcaron la vida, generando un temor y una inseguridad con la que era muy difícil convivir». El presidente de los Afectados por la Plataforma Castor, Joan Ferrando, verbalizaba hace ahora un año con estos términos el sentimiento de las 50.000 personas que, de acuerdo con los cálculos de la entidad, pudieron sufrir daños psíquicos y psicológicos «ante el temor que suponía convivir con una plataforma de gas, un miedo que luego se materializó con los seísmos».

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero pidió públicamente «perdón» por aquellas consecuencias. Ahora, han pasado cinco años desde el primero de los terremotos (en abril de 2012 el sismógrafo marcó 3,1 grados en la escala Ritcher) y los temores se han confirmado: había relación directa entre las inyecciones de gas y los seísmos frente a la costa de Vinaroz.

La mayoría fueron de poca instensidad, salvo el registrado el 1 de octubre de 2013 (4,2 grados), apenas días después de que se paralizaran los trabajos de inyección de gas. Aquel seísmo fue sentido en poblaciones de las provincias de Castellón y Tarragona como Alcanar, Benicarló, Las Casas de Alcanar, Cervera del Maestre, Cálig, Peñíscola, San Carlos de la Rápita, Ulldecona y Vinaroz.Esta última localidad es el punto más cercano al almacén, situado a 22 kilómetros de la playa y 1.800 metros de profundidad. Una distancia que no evita el debate en el municipio, gobernado por Tots Som Vinarós, la marca con la que concurrió Podemos a las elecciones.

El regidor local, Encir Pla, explicó ayer, tras hablar con el ministro Nadal por teléfono, que se reafirman en su posición de «defender la tranquilidad y la seguridad de nuestros vecinos por encima de todo, de manera que apoyamos la decisión de no reabrir las instalaciones», aunque asume que no se podrán desmantelar «a corto plazo». Al respecto, el grupo parlamentario de Podemos no ocultó su satisfacción ya que «por fin la población de la comarca del Bajo Maestrazgo podrá dormir tranquila».

Mientras, el portavoz de la Plataforma en Defensa de las Tierras del Sénia, Evelio Montfort, reclamó que las previsiones de desmantelamiento «no se queden solo en planes, sino que se actúe tan pronto como sea posible». Compromís arremetió contra el Gobierno por «alargar la agonía». Por su parte, el Gobierno catalán reclamó «la mejor solución del almacén fallido para el territorio y la ciudadanía» y pidió que los costes no los paguen los ciudadanos en el recibo del gas.